Desempleados argentinos se ponen en pie de guerra por los subsidios

Como ocurre con bastante frecuencia en las últimas semanas, los bloqueos abarcaron de forma simultánea distintas calles y accesos a Buenos Aires, así como vías de las principales ciudades del interior de Argentina. Sin embargo, en esta ocasión los «piqueteros» también llevaron su protesta a una treintena de centros industriales, donde fue interrumpido el movimiento de camiones aunque se permitió la circulación de personas. La mayoría de las exigencias de los trabajadores está vinculada con el plan social diseñado por el Gobierno, que contempla el pago de un subsidio de 150 pesos (unos 42 euros) mensuales a unos dos millones de jefes de familia sin empleo. Entre las exigencias destacan un «aumento inmediato» de la prestación a 300 pesos (84 dólares) al mes, la ampliación del programa a jóvenes y ancianos desocupados y el restablecimiento del subsidio a unas 250.000 personas que dejaron de percibirlo. Argentina sufre la peor crisis económica y social de su historia, que según cifras oficiales ha empujado a la pobreza al 57,5 por ciento de sus habitantes y al 27,5 a la indigencia, mientras el paro afecta al 17,8 por ciento de la población activa. Esto significa que son pobres unos 13,6 millones de argentinos, de los cuales más de la mitad ni siquiera pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. El Gobierno argentino, que este año financiará el plan de ayuda social con un crédito de 600 millones de dólares concedido por el Banco Mundial, no admite la participación de los «piqueteros» en el reparto de los subsidios. La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, ha anunciado que acudirá a la justicia para demostrar que «es falso» que se haya dado de baja de forma injustificada a 250.000 beneficiarios del programa. Además, dijo que «más de un millar» de desocupados denunció que miembros de los grupos de «piqueteros» les han pedido sobornos para poder cobrar el subsidio. El dirigente Jorge Cevallos, de la agrupación Barrios de Pie, rechazó tajantemente hoy las acusaciones de la ministra y aseguró que las denuncias involucran en su mayoría a miembros del dividido y gobernante Partido Justicialista (peronista). Raúl Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, declaró a su vez que «se les han quitado los planes a miles y miles de personas», y advirtió de que si esta situación no cambia puede degenerar en una «espiral de violencia». Su colega Néstor Pitrola, del Polo Obrero, aseguró que «en caso de no tener respuesta habrá cortes de calles y otras acciones contundentes.