El Gobierno recluta funcionarios que sepan inglés y sean universitarios para trabajar en la reconstrucción de Irak
¿Ayudamos o nos ayudamos?
De los 50 millones de euros que el Gobierno español ha destinado a paliar los problemas que sufre la población iraquí, «sólo puede considerarse como ayuda humanitaria el 13% del total». Es decir, 6,7 millones de euros, según el dictamen difundido por los responsables de la onegé Intermón-Oxfam, que colabora con Naciones Unidas y posee amplia experiencia en ese campo. Los 22,5 millones de euros destinados a los países vecinos de Irak serán administrados por la oficina del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y el empleo de ese dinero estará condicionado a la compra, por parte del receptor, de productos españoles. Motivo por el que Intermón y la mayoría de las onegés consultadas consideran que «ese fondo está destinado a promover la apertura de mercados y las exportaciones de las empresas españolas». Las ayudas ligadas a la compra de bienes o servicios españoles obligan a poner en marcha un procedimiento administrativo y pericial para garantizar que los productos son realmente de origen español, lo que retrasa la entrega de la presunta ayuda. Un ejemplo de ello ocurrió con motivo del huracán Mitch que asoló Centroamérica, pues un año después del siniestro sólo se había desembolsado el 4% de la ayuda canalizada a través del FAD. Algo similar ocurre en el caso de Afganistán, pues a fecha de hoy todavía no se ha ejecutado ni uno sólo de los proyectos aprobados. En lo tocante a Irak el dinero que administrará el FAD está destinado, por ende, a subsidiar la exportación de productos españoles a los países vecinos del país invadido, de modo que los ciudadanos iraquíes jamás se beneficiarán directamente del subsidio. Con relación a los 16 millones de euros que el Gobierno ha entregado al Ministerio de Defensa para distribuir alimentos, agua y medicamentos a través de las tropas españolas, Naciones Unidas ya advirtió en su día de que los socorros distribuidos por militares en zonas de guerra carecen de la necesaria imparcialidad que exige el reparto de ayuda humanitaria. Los responsables de Intermón-Oxfam concluyen que únicamente 6,7 millones de euros de los 50 millones habilitados por el Gobierno merecen el sello de ayuda humanitaria: los 5 millones que serán entregados a las agencias de Naciones Unidas y los 1,7 millones destinados a Cruz Roja Española y al comité internacional de la Cruz Roja. Mientras, el Gobierno español, a pesar de que aún no ha definido el papel que va a jugar en la postguerra de Irak, ha lanzado una campaña de reclutamiento de funcionarios que quieran trabajar en la reconstrucción de aquel país. El Ejecutivo, sin embargo, no aclara bajo qué autoridad trabajarían estos voluntarios ni en qué momento se desplazarán a suelo iraquí. El vicepresidente primero sólo apuntó que los funcionarios «se coordinarán con los expertos de otros países que trabajan en la zona». Se requiere ser funcionario de la administración central, local o autonómica, tener titulo universitario o grado medio, no haber sido sancionado ni separado del servicio por expediente disciplinario, dominio del inglés y conocimientos de otros idiomas, en especial de árabe, manejo en informática a nivel de usuario, disponibilidad para desplazarse por territorio árabe, pasar un reconocimiento médico y tener el certificado de vacunas en regla. A cambio, se ofrece trabajar en la reconstrucción de la administración civil de Irak durante un periodo de 6 a 12 meses prorrogables, y con el mismo sueldo que perciben en España más una indemnización por ahora indeterminada pero que tendrá un montante que fijará una comisión especial.