La opinión pública colombiana, dividida ante el fatal desenlace de la operación de rescate

«Ya no pertenecen a la categoría de los humanos, no puede ser. Cómo convive un hombre con este par de santos y con esos otros muchachos tan buenos durante un año y da la orden de asesinarlos» afirmaba, desolada, Adela de Gaviria, madre del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, asesinado a sangre fría junto con otros nueve compañeros de cautiverio por el grupo de las FARC que los mantenía secuestrados desde hace más de un año. El fatal desenlace de la operación de rescate del gobernador y el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri, en la que ocho militares murieron y otros tres se libraron del ajusticiamiento al hacerse los muertos, ha dividido a la opinión publica colombiana y en particular a los familiares de los 4.000 ciudadanos que permanecen en manos de los grupos guerrilleros, paramilitares y mafias organizadas, desperdigados en los miles de kilómetros de intrincadas regiones selváticas, montañosas y remotas del país. Desde hace años, el secuestro es un negocio que deja a estos grupos beneficios de unos 1.500 millones de euros anuales. Valor económico Para sus captores, la mayoría de los rehenes tienen únicamente valor económico. En algunas de las llamadas «pescas milagrosas» (cortes de carreteras realizados al azar), o en los masivos secuestros de aviones o al irrumpir en iglesias, han capturado a destacados personajes de la vida pública. Sólo las Farc mantienen a 67 políticos, entre ellos la candidata presidencial Ingrid Betancourt, militares y policías con la esperanza de forzar un canje por los 3.000 guerrilleros encarcelados. Desde la llegada al poder del presidente colombiano, Álvaro Uribe, que prometió «mano dura» para acabar con el flagelo de la inseguridad, las fuerzas públicas patrullan cielo y tierra para intentar proporcionar a los colombianos cierta tranquilidad al realizar actividades tan normales como salir de paseo de fin de semana por los alrededores de las ciudades, en particular de las más importantes, algo que se había convertido en una aventura suicida, y que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, todavía implica un gran riesgo. Opinión de los familiares Para los familiares de los secuestrados, algunos llevan varios años, la única esperanza reside en que el presidente negocie un acuerdo humanitario. Juan Carlos Lecompte, esposo de Betancourt, dijo: «En el caso de Ingrid, debe abstenerse de hacer operativos militares. Y aprovecho para decirles a la opinión pública y a los que están en contra del intercambio, que los secuestrados no están en vacaciones y que cada día que pasa su vida corre peligro». Deyanira Ortiz, esposa del ex congresista de Huila, Orlando Beltrán, aseguró no estar «de acuerdo con los rescates a sangre y fuego. Si continúan, nos van a entregar solo ataúdes».