Arroyo pide a la fiscalía medidas contra los 321 militares golpistas

La presidenta de Filipinas, Gloria Arroyo, pidió ayer a la Fiscalía que inicie diligencias judiciales contra 321 oficiales y soldados acusados de haber participado en la sublevación del pasado domingo en el distrito financiero de Manila. Estas diligencias son independientes de los procedimientos iniciados por la corte marcial tras la rendición de los amotinados que durante 22 horas permanecieron atrincherados en un centro residencial y comercial del exclusivo distrito financiero de Makati, con el objetivo de derrocar al Gobierno de la presidenta Arroyo, polémica ultimamente. La Oficina Nacional de Investigaciones (NBI) iniciará estas diligencias por golpe de Estado, señaló el jefe de este servicio durante una sesión parlamentaria dedicada al motín llevado a cabo por varios militares. Precisó que se entablarán las mismas acciones judiciales contra Ramón Cárdenas, un antiguo colaborador del ex presidente Joseph Estrada que fue detenido el pasado lunes en su propio domicilio. Según la Policía, su casa sirvió de centro de reuniones para los conspiradores. El ministro del Interior declaró por otro lado que también se iniciarán acciones contra un importante aliado de Estrada, el senador Gregorio Honasan, sospechoso de haber ayudado a los rebeldes a ejecutar su proyecto. Honasan, quien en los años 80 participó en numerosas rebeliones militares en calidad de coronel del Ejército, niega toda participación en este amotinamiento.