Israel amplía su «muro de la vergüenza» para aislar a Palestina

El Gabinete de Ariel Sharon aprobó ayer al fin el trazado de una nueva fase del muro de separación, construido por Israel desde hace poco más de un año sobre tierras palestinas argumentando motivos de seguridad. La decisión llegaba después de la visita a Washington la semana pasada del jefe personal de Ariel Sharon, Dov Weisglass, para limar las reticencias mostradas por la Casa Blanca hacia el recorrido previsto por las autoridades israelíes, concretamente sobre la inclusión, dentro de los límites de la verja, del asentamiento judío de Ariel que, con 30.000 colonos, es el segundo más importante de Cisjordania. Ambos gobiernos llegaban a la solución de compromiso de excluir temporalmente el asentamiento -que será custodiado por una fuerte presencia del ejército- para discutir dentro de ocho meses su futura anexión. Un momento que coincidirá en plena campaña electoral norteamericana. El nuevo tramo aprobado ayer -por 18 votos a favor y cuatro en contra- recorrerá 45 kilómetros desde el asentamiento de Elkaná, al sur de Kalkilia, hasta la base militar israelí de Ofer, en el distrito de Ralama, al norte de Jerusalén, y se internará hasta 20 kilómetros en tierras de Cisjordania para incluir en suelo israelí varios asentamientos. Además, al este del aeropuerto internacional Ben Gurion se construirá una doble valla, una alrededor de la colonia de Beit Aryé y una segunda alrededor de las aldeas palestinas vecinas. Se calcula que las nuevas obras costarán unos 100 millones de dólares. En total,  el costo rondará los 1.500 millones de dólares cuando los más 600 kilómetros de muro proyectados estén concluidos. «Es una tomadura de pelo. Un fraude de la política de Estdoa Unidos esta región porque, si acepta construir en detalle el muro, significa que no rechaza su construcción y acepta la creación de fronteras sin negociación», afirmó el viceministro de Información palestino, Ahmed Soboh, que denunciaba, tras conocerse la decisión israelí, el trazado ilegal de fronteras y el encierro de los palestinos. Por su parte, el primer ministro designado, Abú Ala, aseguró que «todas estas medidas destruirán el proceso de paz». La organización no gubernamental Human Rights Watch atacó la construcción en su último informe, en el que afirma que la Casa Blanca debe sancionar a Israel por la construcción del muro ya que, incluso en su primera fase, «la barrera tiene un terrible coste para decenas de miles de personas» y constituye «una seria violación de la ley internacional».