Un tribunal le dirá a Bush si tiene que soltar a los presos de Guantánamo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió ayer que examinará la legalidad del encarcelamiento de ciudadanos extranjeros por parte de Washington en la base militar de la bahía de Guantánamo, en Cuba, donde se encuentran más de 650 reclusos, en su mayoría detenidos durante la guerra de Afganistán, sin que se hayan presentado cargos formales contra ellos. Asimismo, el Supremo analizará si esos prisioneros, todos ellos de origen no estadounidense, tienen derecho a ser juzgados por tribunales civiles de Estados Unidos frente a la pretensión de la Casa Blanca de procesarlos en tribunales militares. El objetivo es «saber si la Justicia estadounidense tiene jurisdicción para mantener detenidos en Guantánamo a ciudadanos extranjeros capturados fuera de su territorio. La apelación ha sido presentada por ciudadanos británicos, australianos y kuwaitíes que forman parte de los más de 650 prisioneros, originarios de 42 países, detenidos por su presunta pertenencia a los talibán o al grupo terrorista Al Qaida. La mayoría fueron arrestados en Afganistán tras la invasión de ese país en el marco de la «guerra contra el terrorismo» lanzada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. «Estados Unidos ha creado una cárcel en Guantánamo que opera fuera de la ley», argumentan los abogados que plantean la demanda. «Dentro de los muros de la prisión, los ciudadanos no estadounidenses pueden estar encerrados de forma indefinida, sin defensa legal y sin oportunidad para demostrar su inocencia». Muchos de los prisioneros, que llevan más de dos años en la cárcel, no saben aún de qué están acusados y permanecen en jaulas, con los ojos vendados y los oídos tapados. El Gobierno del presidente George W. Bush se defiende argumentando que existe jurisprudencia para las medidas tomadas, ya que en 1950 el Tribunal Supremo determinó que los prisioneros extranjeros de la Segunda Guerra Mundial no podían ser juzgados en tribunales civiles estadounidenses. Es la primera vez que el alto tribunal acepta tratar ese controvertido caso.