El Gobierno de Bolivia toma el control de los campos petroleros

El Gobierno boliviano ha decidido tomar el control de las instalaciones petroleras de todo el país para «garantizar el dominio del Estado en los yacimientos de hidrocarburos», y comenzar a cobrar de inmediato un polémico nuevo impuesto. En un breve comunicado leído por el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz, el Ejecutivo presentó los decretos que contienen los reglamentos de la Ley de Hidrocarburos promulgada ya el pasado 17 de mayo. El control físico de los campos de petróleo fue encomendado a los ministerios de Hidrocarburos, de Defensa y de Gobierno (Interior), informó el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, al término de una reunión la noche del lunes (madrugada en España) del Gabinete del presidente transitorio Eduardo Rodríguez. Además, el Gobierno instruyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía coordinar acciones para asegurar que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cumpla su nuevo papel de dirección y fiscalización del negocio, según fuentes oficiales. Elecciones anticipadas Los tres decretos sobre el control físico, la fiscalización, y el cobro de impuestos fueron aprobados en vísperas de que el Congreso abra hoy un crucial período extraordinario de sesiones, en cuya agenda destaca lograr un acuerdo para convocar elecciones anticipadas en un plazo de seis meses. La llamada «nacionalización» había sido exigida reiteradamente por sectores que denunciaron que, pese a que la Constitución declara que los recursos naturales son propiedad del Estado boliviano, éste había perdido la capacidad de controlar la producción de las empresas extranjeras que operan en el país. «Habiéndose recuperado la propiedad de todos los hidrocarburos por mandato del referéndum del 12 de julio del 2004 (...) corresponde crear condiciones para el ejercicio efectivo de ese derecho por parte del Estado en beneficio de todos los bolivianos», dijo Avilés al presentar los decretos. En Bolivia operan 12 empresas petroleras extranjeras bajo 72 contratos suscritos en la última década que les reconocieron la propiedad de los hidrocarburos «en boca de pozo» (en la superficie de los yacimientos), a cambio de inversiones que posibilitaron multiplicar por diez las reservas de gas natural, las segundas en tamaño de Sudamérica por detrás de Venezuela. Vieja demanda Pero los montones reales de inversión y las cantidades exactas de producción y exportación de esas compañías han sido puestas en duda por sectores de la izquierda, particularmente por el combativo Evo Morales, quien dijo reiteradamente que el Estado no controlaba a las multinacionales. Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), fue uno de los impulsores de la demanda de «nacionalización» de hidrocarburos por la cual se produjo la ola de protestas que en mayo provocó la renuncia del presidente Carlos Mesa y su reemplazo por Rodríguez. La «nacionalización» planteada por Morales consistía básicamente en la toma de control efectivo de las instalaciones y la producción. Avilés explicó que los decretos derivarán en el «fortalecimiento» de la firma estatal YPFB y en la creación de un Centro Nacional de Medición y Control de la Producción y Transporte. Asimismo, se aplicará el régimen impositivo acordado en la ley, que mantiene la regalía o pago fijo por explotación del 18% y que fija un nuevo tributo del 32%. Estos decretos «permitirán asegurar ingresos del 50% señalados en el referéndum», añadió. De esta forma, «se incrementarán en aproximadamente un 106%» los beneficios que el Estado obtiene de la explotación del gas natural y el petróleo. Esta forma de control «se ejecutará otorgando las condiciones de conservación y seguridad necesarias que se harán extensivas a las instalaciones y bienes de la actividad petrolera», especificó.