El Primer Ministro francés promete orden y justicia para tranquilizar a la ciudadanía

Los violentos recurren a disparos en varios suburbios de París

Los disturbios se han propagado ya por las ciudades de Burdeos, Pau, Nanterre y Marsella La periferi

Restos de una cabina de teléfono carbonizada en un suburbio parisino

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Esperanza Suárez - corresponsal | parís
León

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El Gobierno francés atribuye a bandas organizadas de delincuentes y narcotraficantes los disturbios que cada noche se producen en la periferia norte de París desde hace una semana. Más de mil policías intentan controlar la región de Seine-Saint-Denis siguiendo las consignas de «firmeza» del Ejecutivo, que se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia con el uso de armas de fuego. El Estado no cederá «a la violencia urbana, y el orden y la justicia tendrán la última palabra», declaró ayer ante el Senado el primer ministro, Dominique de Villepin, para tranquilizar a la ciudadanía. Por la mañana, reunió en el palacio de Matignon a los cuatro ministros directamente relacionados con la represión de los disturbios y los planes de promoción social que se preparan. Con ellos, los alcaldes de los cinco departamentos afectados. El ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, llegó después de haber pasado parte de la noche en la sala de mando de la policía de Saint Denis, controlando personalmente la represión de los incidentes, los más graves desde que el pasado jueves se desataran las iras juveniles por la muerte de dos adolescentes electrocutados cuando creían que les perseguía la policía. La madrugada del jueves, la insurrección cobró grados de intensidad y dejó un balance de 177 coches incendiados, numerosos edificios y comercios asaltados, 41 detenidos y cuatro disparos de pistola en tres localidades distintas, tres de ellos contra los antidisturbios y otro contra los bomberos. Organizados Esta violencia «no tenía nada de espontáneo, estaba perfectamente organizada», según el ministro del Interior, quien busca a los instigadores, que «no son otros que delincuentes». Sarkozy tenía en su poder desde las siete de la mañana el informe policial sobre la muerte de Zyed y Bouna, de 14 y 17 años, y para dejar constancia de que «la policía republicana debe estar libre de toda sospecha» entregó una copia a los familiares de los dos menores, que en un primer momento se negaron a entrevistarse con él. Pero la investigación abierta por el fiscal de Bobigny no lo deja tan claro. Si bien reconoce que «no ha habido en el sentido jurídico del término relación de causalidad entre la intervención de la policía y la muerte de los dos jóvenes», la declaración de uno de los policías testigos del drama deja abierto el procedimiento judicial por «no asistencia a persona en peligro». Este funcionario asegura que informó de la intención de los dos menores de introducirse en el recinto del transformador eléctrico y también del peligro que corrían sin que nadie hiciera nada por evitarlo. Mientras, esta ola de violencia gana virulencia y se extiende fuera de la región parisina. Burdeos, Pau, Nanterre y Marsella han sufrido ya pequeños brotes. Varias cadenas de televisión han decidido dejar de emitir imágenes de los disturbios para evitar el efecto contagio. En los blogs de internet se leen sobre todo llamadas a la venganza y se proponen refuerzos a los jóvenes de Clichy porque «hay demasiados hermanos en los cementerios». Anoche terminó el Ramadán y el rector de la mezquita de París llamó a los jóvenes a reencontrar «el camino de la serenidad». Para mañana hay convocada una manifestación silenciosa.

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