La policía podrá entrar en las casas de día o de noche sin orden judicial

El estado de emergencia decretado ayer por el gobierno francés entró en vigor a medianoche y se prolongará durante 12 días que podrían ampliarse. Las ciudades de Amiens y Orleáns fueron las primeras en someterse voluntariamente al toque de queda en un intento de restablecer el orden público, algo que «tomará tiempo», según el primer ministro Dominique de Villepin. La ley de 1955 resucitada por el ejecutivo permite los registros domiciliarios a cualquier hora del día o la noche sin mandato judicial. La policía los practicará siempre que sospeche la  presencia de armas o delincuentes. Hasta dos meses de cárcel y una multa de  3.150 euros arriesgan aquellos que violen el toque de queda impuesto por los gobernadores civiles. Pero según concretó el ministro del Interior Nicolás Sarkozy, se aplicará de forma «medida» para  que «no se ponga en cuestión la libertad de nadie» y  en  función de la situación real de cada departamento. Ante la Asamblea Nacional, el primer ministro  hizo también hincapié en «el sentido de la responsabilidad» con el que se van a aplicar estas medidas y  recalcó en tono grave que es la «criminalidad organizada» la que fomenta los disturbios. El sábado habrá un nuevo consejo de ministros extraordinario para preparar el preceptivo proyecto de ley que permitirá prolongar el estado de emergencia más allá de los 12 días  y que necesitará el visto bueno del Parlamento. Aunque no recibió aplausos de la izquierda, la oposición se mostró más que comprensiva con la decisión del ejecutivo, porque «son las clases más modestas las más afectadas por la violencia». El Partido Socialista sí advirtió que seguirá con lupa su aplicación «para evitar que se convierta en un nuevo elemento de segregación». La crítica ha llegado del sindicato mayoritario de jueces, la Unión Sindical de la Magistratura, que  duda de la capacidad de los tribunales, especialmente los parisinos, para hacer frente a las consecuencias de la proclamación del estado de emergencia. Se encuentran ya completamente desbordados  por los juicios por el procedimiento de urgencia, especialmente los de Bobigny y Creteil. Junto a las medidas represoras, Villepin anunció también otras destinadas a favorecer a los jóvenes de los barrios deprimidos. Una gran agencia  de cohesión social e igualdad de oportunidades se encargará de que un 25% de los que habitan en las 750 barriadas más desfavorecidas  tengan acceso a contratos de trabajo, formación o becas de estudios. Los efectivos de los centros de enseñanza serán reforzados con 5.000 nuevos educadores. Y las asociaciones que trabajan sobre el terreno  recuperarán las subvenciones que  se les habían negado. El Gobierno ha encontrado  para ello cien millones de euros en sus presupuestos. «En Francia no estamos en un estado de guerra sino en un estado de urgencia social» FRANÇOIS ASENSI Portavoz comunista