Bush montó otro Guantánamo para presos islamistas en Kosovo Sexta huelga general contra la política económica de Berlusconi Detienen a la primera mujer acusada de torturar y secuestrar a opositores en la dictadura argentina

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el español Álvaro Gil Robles, asegura que en el año 2002 comprobó personalmente la existencia en Kosovo de un campo de concentración de prisioneros islamistas similar al que Estados Unidos mantiene en la base naval de Guantánamo, en Cuba. La prisión estaba situada en el enclave militar estadounidense de Camp Bondsteel, al sur de Pristina, la capital del territorio de la ex Yugoslavia administrado ahora por las Naciones Unidas. «Visto desde lo alto de una torreta, el lugar parecía una reconstrucción de Guantánamo en pequeño», aseguró ayer el comisario al diario francés Le Monde . Gil Robles afirma que durante su visita a Camp Bondsteel, cerca de Ferizaj (al sur de Pristina), pudo ver a entre quince y veinte prisioneros, «encerrados en casetas de madera» y vestidos «con monos naranjas como los que llevan los presos de Guantánamo». «La mayor parte permanecían sentados, aunque algunos estaban encerrados en celdas aisladas. Entre ellos se veía a varios barbus (barbudos, término coloquial francés para denominar a los islamistas radicales), y algunos leían el Corán», añadió el comisario. Sin derechos Al parecer, y a imitación de lo que sucede en la base de Guantánamo, los presos de Camp Bondsteel habían sido trasladados a Kosovo desde Oriente Medio, estaban privados de su derecho a asistencia jurídica y ni siquiera habían sido informados de las acusaciones que pesaban sobre ellos. Por esa razón, Gil Robles exigió el desmantelamiento del campo y la resolución de la situación legal de los prisioneros. Un año después, el Gobierno de Bush le informó de que sus demandas habían sido satisfechas. En ese año, la base estaba ligada a una operación de la Otan bajo patrocinio de la ONU. El comisario se ha decidido a revelar su visita a Kosovo en plena escalada de evidencias que apuntan a la existencia en diversos países europeos de una red de campos de concentración que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense denomina «sitios negros». Se trata de cárceles que albergan a prisioneros presuntamente vinculados al terrorismo islámico, y que están situadas fuera del territorio de EE. UU. para sortear las garantías jurídicas que impone la legislación estadounidense, y en donde se incumplen los compromisos de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra. El Consejo de Europa, una organización supranacional al margen de la Unión Europea que está formada por 46 países, España entre ellos, ha abierto una investigación para determinar si la CIA mantiene o mantuvo en el continente sitios negros en donde habría interrogado a presuntos miem-bros de Al Qaida. Para ello, el Consejo de Europa ha solicitado a todos sus miembros que le informen antes del próximo 26 de febrero sobre la existencia de esos campos de concentración, y también sobre el uso de su espacio aéreo o de sus aeropuertos para el transporte de presos en vuelos financiados por la CIA. Concretamente, el responsa-ble de la investigación, el fiscal suizo Dick Marty, ha solicitado datos sobre 31 vuelos que habrían transitado, entre otros, por los aeropuertos de Palma de Mallorca (España), Larnaca (Chipre) y Shannon (Irlanda). Marty también ha pedido al Centro de Seguimiento de Satélites de la UE, con base en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz (España), que le proporcione diversas imágenes aéreas de centros de detención en Polonia y Rumanía. Según publicó hace unas semanas The Washington Post, esos países estarían entre los ocho estados europeos que habrían albergado campos de la CIA. Los gobiernos de ambos países lo han negado, pero el Ejecutivo de Estados Unidos no ha querido hasta la fecha desmentir esas informaciones, que el Post elaboró a partir de las declaraciones de varias fuentes anónimas del Pentágono y la Casa Blanca. Sus nombres de guerra -Estela, Piturra o la Flaca- están incluidos en el Informe Nunca más, elaborado por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), después de que muchos supervivientes habían descrito su participación en interrogatorios y torturas a los detenidos en Tucumán durante el régimen miltiar en Argentina (1976-83). Pero esos datos no habían permitido identificar a la siniestra colaboradora en el arsenal Miguel de Azcuénaga, un centro clandestino de detención del Ejército que funcionó desde 1976 hasta 1979 y en el que desaparecieron 254 personas. Durante 29 años logró eludir ser imputada, pero el pasado martes Leoni Susana Auad, o lo que es lo mismo Estela, Piturra o la Flaca, cayó en manos de la Justicia, convirtiéndose en la primera mujer detenida por cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Ella misma proporcionó los datos que llevaron a su detención al reclamar, en un acto de cinismo increíble, la indemnización de 30.000 pesos (8.600 euros) como supuesta prisionera política de la dictadura a la Secretaría de Derechos Huma-nos en el 2003. Ante la jueza, Auad, arquitecta de 53 años que trabaja en el Ayuntamiento de Tucumán, había entregado entre otras pruebas de su supuesta detención, un hábeas corpus presentado por su madre en 1976, testimonios de dos ex compañeros de la Facultad de Arquitectura -que decían que no asistió a clases ese año- y copias de un escrito judicial donde la madre de un desaparecido informaba que una tal Estela, alias Piturra, la había telefoneado para decirle que su hijo había muerto en el Arsenal. «La Piturra soy yo», le aclaró Auad a la jueza, destapando su identidad, aunque pasaron dos años hasta recopilar todas las pruebas para proceder a su detención. El caso está en manos del juez federal Jorge Parache, que ayer interrogó por segunda vez a Leoni Susana Auad acusada de privación ilegítima de libertad, tormento, partícipe necesaria en homicidio agravado y asociación ilícita. «Auad participó en las tareas de inteligencia e integró los grupos que secuestraban y torturaban», dijo la abogada de familiares de desaparecidos, Laura Figueroa. El Gobierno de centro-derecha de Silvio Berlusconi soportó ayer la sexta huelga general de la legislatura, un récord en la historia reciente de Italia que, a cuatro meses de las elecciones generales, refleja una intensa confrontación con los sindicatos y lo dice todo de la precaria situación económica del país. Por sexta vez en la actual legislatura, los principales sindicatos italianos celebraron una huelga general contra la política social y económica del Gobierno de Silvio Berlusconi, centrada esta vez en los Presupuestos para el 2006 que penalizan a trabajadores y a los sectores más débiles de la sociedad, y recorta importantes fondos para la cultura. El paro de cuatro horas fue seguido en diversos sectores y afectó de manera importante al transporte. Trenes, aviones, autobuses y metro pararon en horarios que variaron según las regiones. En el sector público, la movilización duró toda la jornada. La ley le afecta especialmente, pues prevé eliminar 100.000 empleos públicos. Según los sindicatos, la protesta fue secundada por más del 80%, aunque para el Gobierno la participación fue «escasa». La guerra de cifras se reflejó en el caso de Fiat. Según los convocantes, el paro tuvo un seguimiento del 80%, frente al 18% declarado por la empresa. Los paros fueron acompañados de manifestaciones en las principales ciudades italianas. Destacan las de Roma (80.000 asistentes) y Milán (100.000) que contaron con la presencia de varios líderes sindicales, quienes han definido la jornada de «éxito extraodinario». Inútil y sin efecto No fue de la misma opinión el primer ministro, Silvio Berlus-coni, para quien la huelga ha sido «absolutamente inútil» y «forma parte de un rito desgastado que no tiene ningún efecto», según afirmó durante su visita a Messina (Sicilia). En la manifestación de Roma ante decenas de miles de personas, Gugliermo Epifani, líder de la CGIL, el sindicato mayoritario, declaró que la protesta era el reflejo del malestar ciudadano «contra un Gobierno que está llevando el país al declive». En Milán, Savino Pezzotta, del CSIL, negó que la movilización respondiese a intereses con vista a las elecciones de primavera. «La acción de hoy (ayer) sirve para indicar al Gobierno y a quienes se preparan a desafiarlo electoralmente, cuáles son las prioridades del país». También el líder de la oposición, Romano Prodi, justificó la huelga definiéndola de «sacrosanta protesta contra la desastrosa política económica y financiera del Gobierno», añadiendo que «los sindicatos cumplen con su deber». Los presupuestos italianos para el 2006, que aún deben ser aprobados en el Parlamento, contienen ajustes por cerca de 26.000 millones de euros para intentar corregir el enorme déficit público.