La dimisión de un ministro por espionaje político aviva la campaña a un mes de las legislativas
La Fiscalía de Milán quiere juzgar a Berlusconi por corrupción
El italiano habría sobornado al marido de una ministra británica para que testificase a su favor
Berlusconi el día de la presentación de su programa electoral para las próximas elecciones de abril
A menos de un mes de las elecciones generales en Italia, la situación se complica para el primer ministro, Silvio Berlusconi, tras la dimisión del titular de Sanidad, Francesco Storace, a causa del escándalo de espionaje en las elecciones regionales, y de una nueva petición de juicio de los fiscales de Milán que lo acusan de corrupción en un acto judicial junto con el abogado británico David Mills, marido de la ministra de Cultura de Blair, Tessa Jowell. La dimisión de Storace es la segunda en un mes de un miembro del Gobierno, tras la de Roberto Calderoli por la «crisis de la camiseta» con las caricaturas de Mahoma». El ministro de Sanidad, acusado de espiar a sus rivales Alessandra Mussolini y Pietro Marrazo durante las elecciones regionales del 2005 cuando él era presidente, anunció a Gianfranco Fini, jefe de Alianza Nacional, su intención de renunciar al cargo para evitar «una instrumentalización de la izquierda». Para el vicepresidente Fini, la actitud de Storace es «una lección de moralidad política», idea que también comparte Silvio Berlusconi. Por su parte, la oposición, quien siempre ha sido muy crítica con el ministro, ha declarado que la renuncia era «un acto debido». El otro problema al que debe hacer frente Silvio Berlusconi es la decisión de la Fiscalía de Milán de abrir un juicio contra él y contra el abogado británico David Mills. Ambos están acusados de corrupción en actos judiciales Según la Fiscalía, Berlusconi habría pagado a Mills unos 580.000 euros a cambio de falsas declaraciones en dos procesos judiciales celebrados contra Il Cavaliere en 1997 y 1998, de los que salió absuelto: el del pago de comisiones ilegales a la Guardia de Finanza (policía fiscal) y el caso All Iberian. De lo que se ha librado Mills ha sido de la acusación de falso testimonio, ya que los fiscales consideran prescrito dicho delito. El abogado británico habría creado una red de sociedades en diversos paraísos fiscales con el fin de que Mediaset, propiedad de Berlusconi, pudiese evadir impuestos. Sobre las relaciones con éste, Mills fue interrogado por primera vez en 1997, durante el proceso por el pago de comisiones ilegales a la Guardia de Finanza a cambio de un trato de favor a la financiera Fininvest. De este juicio Berlusconi salió absuelto. Un año después, durante un nueva investigación, la del caso All Iberian sobre la supuesta falsificación de balances para financiar ilegalmente partidos políticos, Mills fue de nuevo llamado a declarar. Esta vez la sentencia fue de prescripción del delito. Ahora la audiencia preliminar podría celebrarse en mayo y en ella se decidirá si seguir con la acusación. Para Mills y su esposa, la ministra Tessa Jowell, el caso Mediaset ha supuesto un gran daño. Berlusconi ha afirmado que todo es «una his toria inventada».