Sarkozy toma el mando para enterrarel contrato de empleo juvenil

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Esperanza Suárez - corresponsal | parís
León

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Con la ambición de igualar la movilización de la semana pasada, sindicatos y estudiantes han convocado para hoy su quinta jornada de huelgas y manifestaciones conjuntas. Su objetivo vuelve a ser enterrar definitivamente el Contrato de Primer Empleo (CPE) que el presidente Chirac promulgó para que no se aplique. Tras la toma del timón por el ministro del Interior Nicolás Sarkozy, los diputados de la Unión para un Movimiento Popular (UMP) están dispuestos a echarles una mano en la organización de los funerales. El CPE «ha desaparecido, está muerto, todo el mundo lo sabe», reconoció el actual diputado y ex primer ministro Edouard Balladour. Sus palabras las corroboraba el secretario general de la UMP y lugarteniente de Sarkozy,  Pierre Méhaignerie: «El CPE está virtualmente muerto». Y el destino del nuevo contrato para jóvenes se le ha escapadote las manos a su creador, el primer ministro, Dominique de Villepin. El poder ha pasado al número dos del gobierno. Nicolás Sarkozy ha asumido personalmente la organización de las conversaciones. Ayer acudió al Elíseo y Chirac le despidió en el patio con un apretón de manos. Poco después recibió a Villepin y a la ministra de defensa Michèle Alliot-Marie. «Un invento extraño» La oposición denuncia la existencia de «dos primeros ministros, Villepin y Sarkozy, un invento extraño», según el socialista Jacques Lang. Para su compañero de partido Julián Dray, lo «inaceptable» es «la toma del poder de un solo hombre sobre nuestras instituciones». El presidente de los centristas François Bayrou piensa que «esta delegación de poderes del gobierno a la UMP «es la expresión de una crisis del régimen». El primer ministro reunió por la mañana a su gabinete en un intento de retomar la iniciativa. Fijó una «hoja de ruta» con el objetivo prioritario de ejecutar las órdenes de Chirac sobre el CPE, un «trabajo encargado a los grupos parlamentarios en estrecha relación con el gobierno». El ministro de Cohesión Social, Jean-Louis Borloo se puso inmediatamente manos a la obra sin calcular el riesgo: envió una carta pidiendo a los empresarios que no firmen ningún contrato de primer empleo. El Partido Radical de Izquierdas le comunicó al instante que se expone a 5 años de prisión y 75.000 euros de multa por «tomar medidas destinadas a hacer fracasar la ejecución de una ley». Sarkozy es ahora el encargado de llevar a la mesa de negociaciones a sindicatos y estudiantes. El fin de semana llamó a sus líderes y hoy les hará llegar por escrito la invitación para hablar «sin prejuicios ni tabúes».

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