El Gobierno de Venezuela pagará hasta 205 euros a cada ciudadano que se desprenda de su arma

Un total de 300.000 bolívares -123 euros- recibirá cada venezolano residente en el distrito capital si decide desprenderse de su revólver. La recompensa puede llegar a los 500.000 bolívares -205 euros- si el arma a la que renuncia es una pistola. En esto consiste la Misión De-sarme diseñada por el gobierno bolivariano de Hugo Chávez para combatir la criminalidad en un país donde, según datos de la Unesco, se registran 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, más incluso que en el violento Brasil donde el número de víctimas mortales por disparo de armas de fuego es de 21, 72. Ello supone en cifras absolutas 10.000 muertos violentos por año y 67.000 en los siete que lleva Chávez en el poder, según datos oficiales de la policía venezolana. El programa, que cuenta con una financiación de 5 millardos de bolívares -1, 9 millones de euros- del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, está a expensas de que se ultimen algunos detalles prácticos para su aplicación, como son el sistema de pago del incentivo y el historial delictivo de las armas entregadas. Año electoral Desde la oposición este programa de lucha contra la criminalidad violenta, con el formato de las misiones populares- experimentado con éxito en la campaña gubernamental para el referéndum revocatorio de agosto del año 2000- tiene un sesgo claramente electoralista y pretende contrarrestar los efectos negativos de sucesos recientes con gran impacto en la opinión pública como el caso de secuestro y homicidio de los tres hermanos Faddoul. La realidad cotidiana evidencia que una buena parte de las muertes violentas que se registran en el país son provocadas por agentes policiales o parapoliciales. Esta misma semana una madre caraqueña, en una carta dirigida al alcalde Juan Barreto denunciaba al secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, César Verde, como autor del asesinato de su hijo de 19 años y de otro joven caraqueño que fueron acorralados y acribillados a tiros en un local comercial del barrio 23 de enero. Los hechos ocurrieron en mayo de 1995 y el denunciado, que fue condenado, pero no cumplió la pena, es ahora el encargado limpiar la Policía Metropolitana de Caracas, en calidad del cargo que ostenta.