La ciudad vuelve a la normalidad, tras cuatro noches de ataques que dejaron 115 muertos
Un acuerdo con la mafia carcelaria pone fin a la violencia en Sao Paulo
Las autoridades del estado niegan que hubiera un pacto para poner fin a los motines
Un miembro de la Policía para a un motorista en un puesto de control
La normalidad retornó ayer lentamente al estado brasileño de Sao Paulo tras cuatro noches de ataques del crimen organizado que dejaron 115 muertos y 53 heridos, según datos oficiales, y paralizaron por un día el principal polo económico y financiero de Brasil. Tras el vendaval de violencia, sangre y muerte provocado por la mafia de presos PrimerComando de la Capital (PCC) en represalia por el traslado a prisiones de máxima seguridad de 765 reclusos, entre ellos los cabecillas de la banda, las autoridades y especialistas empiezan a discutir las consecuencias de la ofensiva criminal. Lo primero que ha salido a flote es una versión de prensa según la cual los ataques y las rebeliones en las cárceles cesaron por un acuerdo negociado entre representantes del Gobierno de Sao Paulo y el PCC, lo que fue negado ayer por el gobernador, Claudio Lembo. «No estamos haciendo ningún acuerdo con el crimen. Combatimos y logramos controlar las rebeliones en los presidios», dijo Lembo a periodistas. El delegado general de la Policía Civil de Sao Paulo, Marco Antonio Desgualdo, también refutó esa versión y dijo que «no se pueden hacer acuerdos con bandidos». El diario O Estado de Sao Paulo asegura que el acuerdo habría sido alcanzado en reuniones de funcionarios del gobierno de Sao Paulo con el capo del PCC Marcos Williams Herbas Camacho, «Marcola», en la cárcel donde está preso. Lembo, del Partido Frente Liberal (PFL), en la oposición, rechazó el lunes el ofrecimiento del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, de enviar refuerzos policiales y militares a Sao Paulo para poner fin a la violencia con el argumento de que los 130.000 policías paulistas estaban en condiciones de mantener el orden. Su decisión fue criticada por algunos especialistas, que la consideran una maniobra para evitar que Lula, que seguramente se presentará a la reelección, use políticamente el asunto de la violencia contra su principal rival, Geraldo Alckmin, que hace un mes y medio dejó la Gobernación de Sao Paulo en manos de Lembo para disputar la presidencia. «Es una cuestión puramente política. No hay preocupación con la seguridad de la población y de los policías», opinó el presidente de la Asociación de Cabos y Soldados de la Policía Militar, Wilson Moraes. Mientras tanto los secretarios de Seguridad Pública de los 27 estados brasileños se reunieron ayer en Brasilia para debatir la ola de violencia en Sao Paulo y se quejaron de la reducción del presupuesto para seguridad, que el año pasado mermó el 28% en comparación con el del 2004.