España asegura que no hay pruebas de haber tolerado vuelos de la CIA

El ministro español de Defensa, José Antonio Alonso, destacó ayer que «no hay ninguna evidencia de que en el territorio español se haya cometido ningún tipo de ilegalidad de esta naturaleza». El informe ha «corroborado» la posición del Gobierno de que no hubo actividades ilegales en España. También recordó que las denuncias que se han producido en España sobre este asunto «están siendo investigadas» por un juzgado de la Audiencia Nacional. El ministro no se pronunció acerca de si el Gobierno permitirá que los responsables de los servicios de inteligencia puedan comparecer ante el Parlamento Europeo. Mientras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional entregó ayer un informe al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central 2, en el que concluye que la investigación sobre los vuelos secretos de la CIA que utilizaron aeropuertos españoles, principalmente el de Mallorca, no es competencia del tribunal antiterrorista. Moreno debe determinar en los próximos días si acepta abrir diligencias en la Audiencia Nacional por estos hechos, tal como le pide el juez instructor mallorquín que inició la indagación judicial, o si devuelve el caso al magistrado Antonio Garcías, titular del Juzgado número 7 de Mallorca, por no ser los delitos presuntamente cometidos competencia del tribunal central, tal como mantiene la Fiscalía. Un escándalo en investigación El escándalo de los despegues y aterrizajes de vuelos secretos de la CIA en aeropuertos españoles, como escala para trasladar a Guantánamo u otros centros de detención a presuntos terroristas islamistas capturados fuera de la ley, motivó la apertura de unas diligencias de investigación por la Fiscalía balear en el 2005, que fueron archivadas tras estudiar un informe de la Guardia Civil. Un grupo de ciudadanos ma-llorquines presentó entonces una denuncia por detención ilegal, secuestro y torturas en relación con el uso del aeropuerto de Son Sant Joan para trasladar a detenidos islamis-tas a países y centros donde se practica la tortura. La denuncia recaló en el Juzgado número 7 de Mallorca y el juez Antonio Garcías, tras comenzar la instrucción del caso, consideró que el asunto excedía su ámbito y que era competencia de la Audiencia Nacional, por lo que se inhibió a favor del tribunal central. La Fiscalía de la Audiencia Na-cional, como ya hicieron semanas atrás los fiscales de Baleares, entiende que esta investigación no es competencia del tribunal central antiterrorista porque ninguno de los presuntos delitos alegados corresponde con los que la ley del Poder Judicial, en su artículo 65, reserva a su exclusiva competencia. Los delitos que corresponden a la Audiencia son los de terrorismo, contra la Corona, narcotráfico a gran escala, falsificación de moneda, grandes fraudes y delitos mercantiles, así como los delitos cometidos en el extranjero.