Ya son cinco los expulsados

Con la dimisión de Juan Carlos Ortiz ya son cinco los altos cargos del sector de los hidrocarburos bolivianos que se van en unos pocos meses. Si es que Ortiz ha dimitido, porque la decisión la tomó, al parecer, tras una tensa reunión con Evo Morales en el Palacio Quemado, que es como se le llama a la sede del Gobierno boliviano. No está muy claro por qué Ortiz ha caído en desgracia. Todavía en octubre el presidente lo elogiaba en público, por lo que sin duda es una proeza negociadora: la firma de 44 nuevos contratos con las empresas extranjeras para acomodarlas a la nacionalización del año pasado. La explicación quizá esté en uno de los conflictos que se mantienen abiertos en Bolivia: la pulsión separatista de la región de Santa Cruz, donde se encuentra la mayor parte de los yacimientos bolivianos. Esta parte del país, rica y no muy parti-daria de Morales, reclama que la nueva YPFB se refunde allí, pero Morales se resiste a entregarles la gerencia de los hidrocarburos, porque teme fortalecer a sus enemigos. Entregar la cabeza El Comité Cívico de Camiri, que defiende los intereses santacruceños, llevaba tiempo pidiendo el cese de Ortiz y amenazaba con empezar mañana lunes un bloqueo de carreteras a modo de protesta. Evo, que llegó al poder en parte con la técnica del corte de carreteras, sabe el daño que pueden llegar a hacer; así que es posible que haya decidido entregar la cabeza de su gestor Ortiz a cambio de una tregua. El presidente boliviano necesita esa tregua para enfrentar su siguiente proyecto: la nacionalización de la minería. Dimisiones como la de Ortiz no ofrecen precisamente confianza a los inversores, que desde medio mundo están pendientes de un proceso que levanta dudas, pero los nuevos contratos se conocerán la semana que viene y si en un plazo razonable sirven para recapitalizar YPFB sin fortalecer a la élite de Santa Cruz, Morales solidifi-cará su base política.