Los demócratas quieren citar a Rove por el caso de los fiscales

El escándalo del despido de ocho fiscales federales subió ayer de tono, con el secretario de Justicia de EE.UU., Alberto Gonzales, en el ojo del huracán. Karl Rove, principal asesor político de George W. Bush, también está contra las cuer-das ante las nuevas evidencias sobre la directa participación de la Casa Blanca en todo este entramado político. Pero mientras la prensa afirma que la Casa Blanca ha empezado a buscar sustituto a Gonzales, el presidente reiteró ayer todo su apoyo a su viejo amigo -uno de sus más cer-canos colaboradores desde su etapa de gobernador en Tejas-. Según su portavoz Tony Snow, Bush «le dio su voto de con-fianza», al tiempo que negó los rumores sobre su dimisión. Rove, considerado el «ce-rebro político» de la Casa Blanca, también está viendo como se estrecha el cerco en su contra ante la posibilidad de que comparezca bajo juramento en el Congreso. Según documentos oficiales, Rove habría discutido a comienzos del 2005 con Gonzales y otros altos funcionarios planes para despedir a los 93 fiscales del país, que son nombrados a dedo por el presidente. Finalmente, el pasado diciembre fueron separados de su cargo ocho, bajo la sospecha de que no cedieron a las presiones de la Administración Bush para actuar a favor de intereses re-publicanos. El Gobierno defiende que los despidos se basaron en valoraciones estrictamente personales. No obstante, en la segunda oleada de e-mails hechos públicos la noche del lunes por el Departamento de Justicia, en esta ocasión más de 3.000 páginas, se dejan ver algunas pistas sobre la participación de la Casa Blanca en todo este asunto, así como su temor a que algunos de estos despidos no pudieran justificarse ante los legisladores ni la opinión pública. Será allí mismo donde esta misma semana está previsto que comiencen nuevas vistas. Su presidente, el demócrata Patrick Leahy, ya ha anunciado que solicitará las comparecencias de Gonzales, Rove y la ex asesora legal Harriet Miers. Los demócratas barajan la posibilidad de forzar mediante citaciones las comparecencias de aquellos altos funcionarios que no lo hagan en un principio, con la vista puesta en Rove. En uno de los correos electrónicos se nombraba a un ex ayudante suyo para reemplazar a uno de los fiscales despedidos. Por otro lado, el Senado aprobó ayer un proyecto de ley por el que se elimina un apartado de la Ley antiterrorista por el que se permitía al secretario de Justicia designar fiscales estatales sin la autorización de la Cámara alta.