La UE acuerda incluir a las aerolíneas en el comercio de emisiones

Los ministros de Medio Ambiente de la UE acordaron ayer por unanimidad la inclusión de las aerolíneas en el comercio de emisiones a partir de 2012, sumando así a la aviación a los esfuerzos que otros sectores están realizando para combatir el cambio climático. La decisión se aplicará a todos los vuelos intracomunitarios, así como a las demás rutas aéreas que tengan su origen o destino en cualquiera de los Estados miembros. El ministro portugués de Medio Ambiente, Francisco Nunes, cuyo país preside la UE este semestre, calificó de «gran éxito» el acuerdo, que pretende ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la aviación, que se han duplicado en los últimos diez años. El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, recordó por su parte que el transporte aéreo es responsable del 3 por ciento del total de gases de efecto invernadero que se producen en la UE y consideró que la decisión de ayer ayudará a consolidar el papel de liderazgo de los Veintisiete en la lucha contra el cambio climático. En virtud del régimen de comercio de emisiones, que entró en vigor en 2005, los países conceden anualmente (en la actualidad de forma gratuita) un número determinado de permisos de emisión a las instalaciones industriales y del sector energético de su territorio. Una instalación que emite más dióxido de carbono de lo permitido tiene que adquirir derechos de emisión en el mercado, mientras que otra que lanza menos de esa cantidad puede vender sus derechos sobrantes. A partir de 2012 las aerolíneas recibirán anualmente un número de permisos de emisiones equivalente al promedio de las producidas entre 2004 y 2006 y si lo rebasan tendrán que adquirir nuevos derechos en el mercado. Un mínimo del 10 por ciento de los «derechos a contaminar» a repartir entre las aerolíneas deberá ser sometido a subasta, según acordaron ayer los ministros. También acordaron una recomendación a los países para que destinen los ingresos resultantes de la subasta de esas autorizaciones a los esfuerzos contra el cambio climático, algo que la presidencia de la UE quería imponer como obligación, pero a lo que se opusieron entre otros España y el Reino Unido, al considerar que cada país debe gestionar libremente todos sus impuestos.