Las organizaciones agrarias exigen a Zapatero que fije una buena PAC
Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León reclaman al Gobierno español que aproveche la oportunidad que ofrece la Presidencia transitoria de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, con el objetivo de sentar las bases para una buena reforma de la Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2013-2020. Esto se consigue, según Asaja, UCCL, UPA y Coag, mediante el consenso de todas las fuerzas políticas nacionales y su consulta preceptiva con los propios profesionales, para que España acuda a Bruselas con una posición única que sirva para lograr el fin más importante: el beneficio de los agricultores y ganaderos.
En esta reivindicación principal coincidieron las cuatro organizaciones de la comunidad, que también exigieron a las administraciones disponer de políticas adecuadas para solventar la falta de rentabilidad del sector, acuciado por una importante crisis de precios, altos costes de producción y crisis financiera y de liquidez, que si es difícil para cualquier ámbito económico, para los agricultores a título principal lo es aún mayor.
Así, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, exigió una «mejor» política y «atornillar» a la distribución, «porque si no es así, el campo saldrá a la calle cuantas veces haga falta». «Espero un año calentito para intentar por todos los medios que la agricultura y la ganadería existan», reiteró.
Por su parte, el coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González-Palacín, demandó una potenciación de los mecanismos de intervención, un control de las importaciones y ayudas suficientes que garanticen la renta del sector. Además, reseñó que en el 2009 el sector perdió el 5% de su población activa por la crisis y la «ineficacia de las administraciones» en la toma de decisiones.
El secretario autonómico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julio López, coincidió con sus homólogos sindicales en denunciar la falta de rentabilidad, algo de lo que culpó a la cadena de distribución y a las prácticas oligopolísticas que la Comisión Nacional de la Competencia no ataja y que las distintas administraciones «incluso amparan». Sobre este asunto, reclamó a la Junta la puesta en marcha de un observatorio de precios para «conocer en qué eslabón de la cadena se encuentra ese aumento».
Por último, el coordinador autonómico del sindicato Coag, Aurelio Pérez, pidió una buena negociación de la futura PAC y apostó por que las modificaciones y recortes que incluya el nuevo programa no afecten a los profesionales a Título Personal (ATP) y a las explotaciones familiares.