Ana Vicente pide aplicar el principio de precaución europeo a las antenas
La oposición presenta alegaciones a la ordenanza reguladora de infraestructuras radioeléctricas
La concejala de Civiqus, Ana Vicente, ha presentado varias alegaciones a la ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas del Ayuntamiento de Villaquilambre. En ellas pide que se implementen mecanismos para aplicar el principio de precaución europeo, lo que, a su juicio, garantiza la salud de la ciudadanía y la cobertura. «Estas alegaciones son el resultado de muchas horas de debate con expertos, de la moción que presentamos en el Ayuntamiento para exigir una regulación estricta y de la referencia de ayuntamientos punteros en esta materia como Zaragoza o Elda», afirma. La concejala espera que el equipo de gobierno incorpore las alegaciones a la ordenanza, «y que con el consenso de todos los grupos políticos se saque adelante una ordenanza de la que podamos sentirnos orgullosos». Hace más de un año que el municipio de Villaquilambre, especialmente en la zona de Villaobispo, fue testigo de movilizaciones ciudadanas para evitar la colocación de antenas cercanas a lugares sensibles, y que no contaban con la autorización municipal.
El caso de Villaobispo. El Ayuntamiento paralizó su instalación, y planteó un borrador de ordenanza a Civiqus. El partido elaboró una moción que introducía además diversas consideraciones respecto a la protección de la salud de la ciudadanía. La Ordenanza reguladora aprobada en el Pleno de noviembre no incorporaba ninguno de los aspectos apuntados por Civiqus, aunque la concejala de Medio Ambiente, Manoli Ordás, si se mostró dispuesta a valorar las alegaciones. Civiqus propone aprovechar al máximo los resquicios de la normativa estatal, «apurando las competencias del Ayuntamiento en infraestructuras y urbanismo, para garantizar de forma efectiva una limitación de las emisiones radioeléctricas». También solicita mecanismos que garanticen la información y la participación ciudadana, un periodo de información pública para cada solicitud durante el cual se podrían realizar alegaciones sobre ubicación y características.