El Gobierno defiende el actual sistema que activa derechos PAC
Beneficiarios de fuera de León arriendan superficie aquí para cobrar el pago único
Beneficiarios de fuera de León cobran las ayudas PAC con hectáreas de fuera de la provincia.
El Gobierno se remite a la normativa europea para justificar que se usen hectáreas de León para activar derechos de pago único de la PAC de beneficiarios ajenos a la provincia. El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, echa mano del reglamento para explicar cómo terrenos improductivos de esta provincia, con tanta superficie clasificada forestal, es objeto de deseos en esta época del año para activar derechos de las ayudas de la Unión Europea al campo. «De acuerdo con la normativa comunitaria. La ayuda correspondiente al régimen de pago único se puede conceder a los agricultores que activen derechos de pago en superficies que cumplan la definición de hectárea admisible», aclara Puxeu en torno a la explicación a la sociedad sobre el proceso de cobro de ayudas de la UE sin hacer uso de los terrenos que justifican esos ingresos. «Una hectárea admisible es cualquier superficie agraria de la explotación, incluidas las superficies plantadas de plantas forestales de rotación corta, salvo las ocupadas por bosques o las utilizadas predominantemente para actividades no agrarias», acota en torno a la generalidad de la superficie que en León se arrienda para que beneficiarios de la PAC de otras provincias puedan percibir las ayudas. Un fenómeno más profuso esta primavera por tratarse de una campaña de referencia para actualizar derechos. Recuerda Puxeu que hay requisitos son los que la Comisión confirma en su repuesta a las observaciones del Tribunal de Cuentas en el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2008 (Documento 2009/C 269/01), en casos similares a los planteados en los que solicitantes de Escocia con derechos de valor elevado arrendaban todos los años superficies de tierra a precios muy bajos con el fin de activar derechos, manteniéndose de forma natural, a menudo con animales salvajes, siendo la caza la única actividad que tiene lugar en ella». El ejemplo al que recurre Puxeu no se va a poder trasladar a la letra pequeña que se ofrece en la normativa que regula los pagos de la PAC en España, sin previsiones de corrección en los dos próximos años, al menos. «En un principio, el Real Decreto 66/2010 tiene vigencia para las campañas 2010 y 2011, sin perjuicio de que a la luz de la experiencia y como consecuencia de posibles modificaciones de la normativa comunitaria, sea necesario introducir cambios puntuales a inicio de la próxima campaña», asegura el secretario de Estado.
Ni hay previsiones a corto plazo de arreglos en el contenido del Real Decreto, ni hubo nada irregular en las correcciones que se iban a aplicar durante esta campaña, tal y como recogía uno de los borradores que planteó el Gobierno, luego descartadas. «Antes de ser aprobados, y por el principio de colaboración y cooperación, los textos que afectan a los derechos e intereses de los ciudadanos deben ser consultados a través de las organizaciones representativas de los sectores afectados así como de las comunidades autónomas. A la vista de las observaciones recibidas en relación con el texto consultado, el borrador puede ser modificado para recoger las citadas observaciones. Esta es una de las circunstancias que ha motivado que se corrigiera la modificación inicialmente introducida con el fin de limitar la superficie admisible para activar derechos», aclaró Puxeu.