Le piden tres años de cárcel por estafar 22.000 euros de gasolina a la Diputación
Según el fiscal, el acusado llegó a repostar hasta 19 veces en un mes, de común acuerdo con el surtidor
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León pasará vista oral el próximo lunes, a partir de las 10.00 horas a la acusación de un presunto delito de estafa que pesa sobre un funcionario de la Diputación para el que se solicita una pena de tres años de prisión, como supuesto autor de la utilización de una tarjeta de gasolina cuyos cargos se cargaban a una cuenta del gobierno provincial, con la que entre diciembre de 1999 y febrero del 2001 repostó gasolina por valor de 8.600 euros. En una segunda fase de la operación, y puesto de común acuerdo con el empleado de una gasolinera, cargó a la tarjeta más de 14.000 euros de combustible que nunca sirvió. Los dos sospechosos, siempre según la versión del fiscal, se repartieron a medias el dinero de esta segunda estafa. La acusación particular, que encarna la Diputación Provincial, solicita penas de seis y dos años de prisión respectivamente para cada acusado. Las defensas exigen la libre absolución.
Sostiene el Ministerio Público que el principal imputado, conductor del parque móvil, cargó gasolina entre tres y diecinueve veces al mes durante el periodo que duró el supuesto delito, utilizando una firma ilegible. Desde el 24 de febrero del 2001 hasta el 27 de agosto del mismo año, se puso de acuerdo con el empleado de una estación de servicio y entregaba la tarjeta para realizar una operación manual, pagando combustible que nunca se surtía, consiguiendo en este tiempo 14.501 euros que se repartieron a medias. El empleado de la gasolinera solicitó la baja voluntaria en su trabajo cuatro meses después de los hechos denunciados.
Para el fiscal se trata de un delito continuado de estafa, aunque en el caso del trabajador de la estación de servicio, concurre la atenuante de reparación parcial del daño. Para el funcionario se solicita una pena de tres años de prisión y para el otro imputado una pena de un año y nueve meses de cárcel. Además, el primero habrá de indemnizar a la Diputación en 8.601 euros y ambos de forma solidaria en 14.501, aunque la compañía que surtía de carburante a la gasolinera ha consignado 15.406 euros, satisfechos por el empleado de la estación.
La defensa del funcionario propone la libre absolución de su patrocinado, por entender que no participó en los hechos, pero de forma alternativa, estaría de acuerdo con el relato del Ministerio Fiscal, si bien se subraya que los hechos ocurrieron en 2001, hace ocho años, por lo que en caso de sentencia condenatoria, concurriría la atenuante analógica de dilación indebida del procedimiento, por lo que se reduciría la condena, si la hubiere, a seis meses de prisión. La defensa del empleado de la estación de servicio, relata que su cliente pensó en todo momento que estaba actuando de forma correcta y que nunca se repartió ningún dinero.