La asociación leonesa, contra el nuevo convenio pactado a nivel nacional
La patronal leonesa de comercio se opone al acuerdo laboral pactado por el sector a nivel nacional con los sindicatos mayoritarios, un compromiso que ha colocado al borde de la escisión a la Confederación Española de Comercio. Más de la mitad de las asociaciones que forman parte de esta confederación están en contra del acuerdo, en el fondo, pero sobre todo en las formas que han utilizado los dirigentes de la patronal.
«El acuerdo fue debatir los puntos del convenio, se propuso en su momento informar a las organizaciones territoriales y atender a unas demandas que conocemos mejor quienes estamos más cerca de los comercios en cada zona», explica Alfredo Martínez, del Consejo Leonés de Comercio, integrado en la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). Una postura que defienden el resto de las asociaciones comerciales de Castilla y León.
Impugnación. Las asociaciones disconformes con el procedimiento seguido están analizando actualmente si impugnan el acuerdo, o qué medidas toman para que haya «debate, y luego consenso en el informe que se apruebe».
La patronal que agrupa a la mayor parte del pequeño comercio a nivel nacional firmó un Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Comercio con UGT y CC.OO. El acuerdo regula las categorías profesionales de los empleados del sector, además de asuntos como las sanciones a aplicar a los empleados.
Las asociaciones que no están de acuerdo con este documento critican por ejemplo que se crean demasiadas categorías profesionales, algo especialmente problemático para las pequeñas y medianas empresas.
En cualquier caso, el principal motivo de las discrepancias ha sido la actuación de la directiva de la confederación, que no respetó el acuerdo de someter a estudio y debate el nuevo acuerdo, y firmó con los sindicatos antes de que el resto de las asociaciones tomara su decisión.
Junto con Castilla y León, rechazan el acuerdo alcanzado por la Confederación Española del Comercio las asociaciones de madrid, Andalucía o Valencia.
Ahora las asociaciones disconformes estudian cómo hacer valer sus criterios, sin descartar tampoco la posibilidad de impugnar el acuerdo adoptado con los sindicatos.