La UE estudia crear una póliza que garantice una renta agraria mínima

La agricultura leonesa, atomizada, dimensionada aún entre minifundios y rendimientos raquíticos frente a estructuras más competitivas, teme al concepto de la tarifa plana, que la UE sopesa para orientar a partir del 2013 la política agraria común. Tarifa plana por hectárea para ajustar parte de las ayudas en el próximo periodo de aplicación de la PAC. Para tranquilizar al tejido de explotaciones familiares que sustentan la actividad agropecuaria de la provincia, la Unión Europa promete legislar a favor de este sistema de producción hasta el punto de garantizar su supervivencia más allá de los efectos que ha dejado el Pago Único. Cinco mil explotaciones agropecuarias leonesas forman parte de este tejido que la comisaría de Agricultura de la Unión se ha comprometido a blindar con el fin de que perdure en el próximo ciclo de ayudas proteccionistas al sector primario.

Para alcanzar esa subsistencia, es preciso que la UE logre que los productores de alimentos logren un posición decente en la cadena de alimentos, entre su origen y el mercado, con el fin de lograr, vía precio, una garantía eficaz para mejorar los niveles de renta. Desde las instituciones europeas se buscan además mecanismos que den soporte a contratos que garanticen precios mínimos en las materias primas, a fin de salvaguardar la diferencia de los costes productivos. No se descarta tampoco que se incluya entre el nuevo marco de ayudas PAC un seguro de rentas, para cubrir imprevistos u oscilaciones de mercado.

Se da ya por supuesto que desde los órganos de gobiernos europeos se van a aplicar excepciones en materia de competencia para legalizar la intervención del mercado, evitar excedentes y congelar las tentaciones especulativas de los intermediarios o la industria.

Los intereses de protección del sistema de agricultura familiar que tanto peso demuestra aún en el tejido agrario leonés deben de compaginar en algunos aspectos las propuestas que defienden las principales organizaciones agrarias de los principales países en recepción de ayudas de la política agraria común. Desde ahí se exige a la UE que las compensaciones que pueda recibir cada agricultor ahora deben de perder referencias de derechos históricos, y basarse más en criterios productivos. En ese misma línea de exigencia se aboga por un reparto equitativo entre los estados miembros de la Unión de las ayudas, además de devolver el sistema de acoplamiento entre la producción y las subvenciones en zonas deprimidas económicamente con el fin de que no se ponga en riesgo la pervivencia de la actividad agraria. En torno a las medidas propuestas como el seguro de renta, desde algunas organizaciones agrarias españolas ya se ha manifestado el temor a que los niveles de poder adquisitivo del sector se queden en manos de la financiación privada.