El consistorio rechaza los recursos de las multas «alegales»
El concejal explica que sólo se atienden los que reseñan que tenían ticket ORA
Las multas fueron frecuentes en la calle en los primeros meses del año.
Las multas «alegales», como reconoció la Policía Local, que se impusieron desde septiembre del pasado año hasta esta primavera en la calle General Lafuente, en el lateral del hotel Conde Luna, se mantienen firmes en su mayoría. Sólo se han salvado aquellas en cuyo recurso se hizo constar que el vehículo multado contaba con el ticket de regulación de la zona azul de la ORA, como informa el concejala de Seguridad y Movilidad, José Antonio Díez. El resto, no han visto aliviados los 90 euros de la sanción, a pesar de que la regulación de prohibido aparcar, excepto para los vehículos con distitivo de residentes en el casco histórico, no pasó por ningún órgano preceptivo hasta el pasado mes de mayo. Ahora, los ciudadanos que multados que, tras recurrir, hayan recibido la comunicación del rechazo del recurso, no tendrán más camino que embarcarse en un procedimiento contencioso adminsitrativo en el que las costas uperan de manera amplia la meta de la eliminación de la multa, con el consistorio en el lado contrario, escoltado por servicios jurídicos.
La «alegalidad» se generó a partir del mes ede septiembre del pasado año, después de que el Ayuntamiento decidiera atender la reclamación de los vecinos del casco histórico que vieron cómo, debido a las obras, se veían privados de la posibilidad de entrar en sus garajes. Ante esta reivindicación, el consistorio decidió quitar el psarquímetro de la ORA y, pese a que se conservaron las marcas azules en el pavimento, colocar, a la entrada de la calle, una señal de prohibido aparcar excepto para residentes del casco histórico. Un cambio en el que se olvidó que era necesaria la aprobación por parte de los órganos municipales.
La decisión configuró un limbo ambiguo en el que hubo conductores que no perdieron la costumbre de aparcar y poner el ticket de la ORA, a pesar de que tenían que ir a otra calle para encontrar el parquímetro más cercano, y otros que, ante la falta de la máquina expendedora, aparcaban sin mayor cautela. No hubo distingos en las decenas de sanciones que, a partir del mes de enero, empezaron a arreciar, a pesar de que algunos agentes recelaron del procedimiento, que no cumplía con el principio de seguridad jurídica. Pero, al final, todas han acabado en la caja municipal, salvo aquellas que, según avala el concejal socialista José Antonio Díez, han sido atendidas porque en el recurso se hizo constar que habían aparcado y puesto el justificante de pago por estacionamiento.