Más de 150 subcontratas se verán arrastradas

Un proyecto como el tramo León-Santas Martas de la autovía León-Valladolid (A-60) no es una obra de entretiempo confiada a un capataz y dos peones. Arracimados en los 27,3 kilómetros de la calzada, que dibuja dos carriles en cada sentido para definir una vía de gran capacidad y desahogar la arteria que carga 20.000 vehículos diarios de entrada y salida a la capital, hay cerca de 500 empleados repartidos en una intrincada red de contratos que tiene como matriz la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial y Castillejos. Un nodo que dispone de 55 empleados, a partir del cual se dibuja un esquema que en un primer nivel de subcontratas sustenta a otros 95 empleados; más abajo, en «un segundo nivel», subcontratados por las subcontratas, se dispone otro grupo de 350 trabajadores, como cita el representante de salud laboral de CC.OO., Evelio Domínguez, quien reseña que la estructura que pivota sobre la UTE sustenta a «alrededor de 150 empresas y suministradores, muchos de ellos autónomos que han tenido que hacer grandes inversiones y tienen letras por pagar al mes».

Todos ellos serán convocados en los próximos días por parte de Ferrovial, cuyo director general tienen previsto informar de primera mano a los afectados sobre las consecuencias que tendrá la paralización en su trabajo, pero de manera especial a los trabajadores directos de la firma, alguno de los cuales pueden ser reubicados, como señala Domínguez, quien de todos modos apunta que la mayoría se verán abocados a «una negociación de extinción de contrato».

«Van a dejar León como un solar», subrayó Domínguez, quien abundó en que las consecuencias no se miden sólo sobre los trabajadores de la obra, sino también sobre la hostelería y comerciantes de la zona que se habían visto beneficiados por el maná de una plantilla de trabajadores.