La alcaldesa promete que no subirá el recibo del agua con el nuevo contrato
El Ayuntamiento aprueba en Pleno Ordinario una prórroga de quince años más con la concesionaria del servicio, a cambio de la cual la empresa condona la deuda
María Eugenia Gancedo, alcaldesa y Ana María Herrero, concejal de Urbanismo.
María Eugenia Gancedo, alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, prometió ayer que la prórroga del contrato con la empresa concesionaria del servicio de Aguas por quince años más, hasta el año 2049, no repercutirá en el bolsillo de los vecinos: «Puedo garantizar que ni esta legislatura ni la que viene subiremos el recibo del agua a los vecinos».
La alcaldesa se pronunció en estos términos en el transcurso del Pleno celebrado ayer, en el que los votos del equipo de gobierno socialista fueron suficientes para aprobar la propuesta, que contó con el voto en contra de los tres partidos de la oposición.
La modificación del contrato con la concesionaria supone la ampliación por 15 años de la duración del contrato hasta el máximo legal, 50 años, que se cumplen el día 26 de noviembre del año 2046. De igual modo, se decide anular el canon variable que se debería satisfacer a partir del año 2012, según la oferta variante de la adjudicataria.
El canon variable que se debe abonar a partir del año 2012 es absorbido por el nuevo canon por importe de dos millones de euros. También se incrementa la retribución del concesionario, que se fija en 1,22 euros por metros cúbico y se acepta la condonación de la totalidad de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la empresa Centaria. «No estamos privatizando nada, eso ya lo hicieron el PP y la UPL en 1997. Podemos hacer toda la demagogia que queramos, pero si queremos dar una calidad de vida a los vecinos y un servicio, hay que tomar medidas», aseguró la alcaldesa.
Gancedo negó que la convocatoria del Pleno hubiese sido irregular: «Hemos cumplido con las 48 horas reglamentarias de margen». Justificó la necesidad de solicitar un informe de un Abogado del Estado «para que el expediente venga avalado como es debido», en contestación a las críticas por la existencia de un informe de intervención en el que se ponía en duda el cumplimiento de algunos de los principios básicos de contratación y recordó que en la actualidad, el Consistorio soporta la mayor parte del gasto del servicio: «Al ciudadano solamente se le traslada en el recibo el 30% del coste real». Negó que los dos millones de euros que recibirá el municipio por la operación vayan a destinarse al pago de las nóminas de los funcionarios: «No hemos escondido nunca que la situación económica de esta casa es muy delicada, pero no va a ser ese el destino. Ojalá se nos hubiera explicado igual de claro a dónde fueron los 300 millones de pesetas de la privatización».
Para el PP la operación se lleva a cabo «porque ya no les fían ni los bancos». UPL recordó que Miguel Martínez se opuso a la privatización en su día «y ahora encima alargan el contrato» y PAL-UL se quejó: «Por una prima miserable de dos millones dejan perder seis».