Un informe dicta que Industria debe aplicar el decreto sin esperar a Europa
El dictamen jurídico afirma que es «plenamente vigente» y no está supeditado
Un grupo de unos cincuenta mineros cortó ayer el tráfico en los dos sentidos de la autopista de Camp
El informe jurídico redactado por dos abogados del Estado del despacho Ramón y Cajal (Madrid), a instancias de Carbunión, acusa al Gobierno de los problemas que padecen las empresas productoras de carbón nacional, derivados por la imposibilidad de vender su producto a las eléctricas.
El dictamen asegura que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de febrero del 2010 y publicado en el BOE quince días después es «una norma jurídica plenamente vigente», que garantiza la venta de mineral autóctono, y «debería haber comenzado a aplicarse como muy tarde el día 28 de abril».
Este documento sostiene que el Ministerio de Industria «no puede amparar esta inactividad en que el Real Decreto no ha sido notificado a la Comisión Europea, pues no ha supeditado su eficacia a esta condición, ni tampoco en que dicha norma pudiera llegar a considerarse no conforme con el derecho comunitario, pues la propia Comisión Europea ha puesto de manifiesto que sólo el anexo III (mecanismo de compensación completamente accesorio) podría contravenirla», argumenta.
La patronal entregará el miércoles al ministro Miguel Sebastián esta documentación y exigirá al Gobierno el cumplimiento «inmediato» de los compromisos asumidos para el mantenimiento de la reserva estratégica y la garantía de suministro de energía eléctrica.
El informe reconoce que la «inaplicación, anulación o derogación» del Real Decreto supondría la «pérdida sobrevenida del derecho a la venta que se reconoce a las empresas productoras de carbón nacional» y asume que la Administración General del Estado está sujeta a esta normativa y, por lo tanto, «obligada a remover de inmediato los obstáculos existentes para permitir el despliegue de sus efectos jurídicos». La patronal reclama la vigencia de esta disposición general para dar salida al stock de mineral que acumulan, obtener liquidez, pagar las nóminas atrasadas de agosto y solucionar el conflicto de la minería con un marco estable de ayudas.
El análisis jurídico considera que el proceder del Gobierno «no se ajusta a Derecho» y contempla la posibilidad de que las empresas afectadas puedan reclamar al Estado el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el «incumplimiento» de las obligaciones pactadas en el Plan del Carbón.