Los guardias civiles no tienen libertad de expresión, según denuncia la AUGC

Santiago Ordóñez, coordinador local de Izquierda Unida en León, Arturo Fernández, secretario provincial de UGT, Ignacio Fernández, secretario provincial de CC.OO., Nicanor García, presidente provincial de CSIF, Eduardo Aláiz, representante del SUP, Ángel Alonso (CEP), Luis Llanos (UPF), Nicanor González (SPP), Manuel Moya, secretario de formación de AUGC, y los delegados provinciales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Asturias, Palencia, Segovia y Soria participaron ayer en un acto de adhesión a Santiago Duarte, secretario provincial de la asociación, expedientado recientemente por unas manifestaciones públicas en las que vinculaba la huelga de bolis caidos de la Guardia Civil al descenso de las multas de tráfico.

«Denunciamos la insistencia de los máximos responsables de la Guardia Civil por aniquilar el derecho de libertad de expresión de los representantes legales de los trabajadores de la Benemérita. El clima actual que se vive en el Cuerpo, no tiene precedentes, la desmotivación, la falta de compromiso del Gobierno, el olvido institucional, la re-militarización, que no sovietización como aducen desde la Dirección General, todos estos desmanes que sufren los guardias civiles son propiciados porque amparándose en la naturaleza militar, no se acompaña a los miembros del Cuerpo de las mismas condiciones laborales y profesionales que disfrutan el resto de fuerzas policiales de seguridad», rezaba el comunicado que se leyó en el transcurso del acto. Es «constitucionalmente inaceptable» la conversión de la Guardia Civil en un Cuerpo «estrictamente castrense» dado «su cometido esencial de cumplir funciones de policía en el orden civil» y si ello se ha hecho por el legislador y se intenta en la actualidad denodadamente por el lobby militar, «no ha sido sino a costa de chocar con nuestra Constitución». «Por lo tanto, AUGC como asociación profesional y nosotros mismos como individuos, seremos más fuertes cuanto más exijamos que se respeten nuestros derechos legales, que desde aquí reivindicamos y no son otros que el espíritu de mejora del servicio público de seguridad y de nuestras condiciones de vida profesionales.