La Comisión Europea defiende la legalidad de las ayudas al carbón
La Comisión Europea (CE) defendió ayer los fundamentos jurídicos de su decisión de autorizar las ayudas de España al sector del carbón, después de que el Tribunal de Justicia de la UE anunciara la suspensión cautelar de dicha medida.
El Ejecutivo comunitario considera que su decisión del pasado 29 de septiembre, en la que daba luz verde a las citadas ayudas españolas que benefician los intereses de la minería de Castilla y León, «está bien fundamentada en términos jurídicos», según dijo ayer en una rueda de prensa Jonathan Todd, portavoz de la CE.
Un procedimiento de rutina
La suspensión cautelar de la corte de Luxemburgo «es sólo un procedimiento de rutina para dar tiempo a que el Tribunal decida si las medidas provisionales están justificadas», afirmó Todd al ser preguntado por el caso.
La máxima instancia judicial europea ordenó la paralización provisional de las compensaciones a las compañías eléctricas españolas que utilizan carbón autóctono para producir electricidad, a raíz de un recurso presentado por las empresas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa.
El presidente del Tribunal «ha decidido que necesita más tiempo para analizar esta demanda de medidas provisionales, y por lo tanto no ha habido una decisión sobre la suspensión provisional, y aún menos una decisión sobre el fondo de la cuestión», explicó el portavoz de la CE.
Los responsables comunitarios, al igual que hiciera el miércoles el Ministerio de Industria, explicaron ayer que las medidas adoptadas no implican que se vaya a cuestionar el fondo del real decreto de ayudas al carbón, sino algunas de las medidas de aplicación, que son las que han recurrido las tres empresas eléctricas españolas a los tribunales españoles y europeo.
La corte de Luxemburgo convocará próximamente a la Comisión y a las citadas compañías españolas a que presenten sus argumentos en una vista oral o por escrito, según dijeron a Efe fuentes judiciales oficiales.
El siguiente paso del caso será la emisión de un auto definitivo en el que se mantendrá o se levantará la suspensión de las ayudas, algo que «es sólo cuestión de algunas semanas», según Todd.
Por último, la corte de Luxemburgo dictará sentencia sobre el caso, un proceso cuya duración media es habitualmente de unos dos años.