Un canon hidroeléctrico supondría para la comunidad más de 50 millones anuales
Joaquín Otero, en una foto de archivo durante un pleno.
Imponer a las compañías eléctricas que operan en Castilla y León un canon por la explotación de los recursos hidroeléctricos en la generación de electricidad supondría para las arcas de la comunidad unos ingresos de entre 50 y 60 millones de euros, según los estudios realizados por el propio gobierno autonómico. Así lo aseguró ayer el portavoz del Grupo Mixto, el leonesista Joaquín Otero, que acompañado de Luis Herrero Rubinat y Héctor Castresana anunció su intención de presentar una propuesta en el debate de hoy de los Presupuestos Generales de la Comunidad, que incluya la obligación de las eléctricas de pagar este canon hidroeléctrico.
Otero instó a la Junta a pasar de las amenazas a los hechos ante la situación en la que los recursos judiciales de las eléctricas ha colocado a la industria del carbón. «Si Herrera considera estos recursos un acto de hostilidad, que muestre la misma actitud con las eléctricas».
En opinión del portavoz del Grupo Mixto en las Cortes autonómicas la única opción que podrían tomar las eléctricas para solventar la crisis que han provocado sus recursos es desistir de las denuncias presentadas tanto ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo como ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo. «Como no parece que estén por la labor, y si los únicos argumentos que entienden son los económicos, sólo cabe obligarlas a pagar este canon por la energía que extraen y facturan de los recursos naturales de la comunidad, especialmente de León, Zamora y Salamanca».
Otero, que ha presentado la propuesta de cobrar un canon a las eléctricas en repetidas ocasiones, recordó que en Galicia se cobra el canon hidroeléctrico desde hace tiempo, y supone a la Xunta unos ingresos de 40 millones; mientras Extremadura cobra un canon sobre toda la producción energética.
Entre otras medidas de presión, anunció la presentación de una proposición no de ley en la que la Junta desarrolle una labor activa contra la línea de alta tensión Sama-Velilla.