Instituciones y compañía entraron al final en una guerra de intereses

El informe reconoce que se desconoce el detalle de las relaciones forjadas entre el inversionista y las tres entidades públicas que soportaban la financiación, Ayuntamiento de León, Diputación Provincial y Junta de Castilla y León. Sin embargo, aporta documentación que demuestra que varios informes jurídicos justificaban la contratación directa con Lagun Air. «A la vista de la documentación, debemos confirmar la sugerencia de que las retribuciones pagadas por las tres entidades tenían un predominante componente de subvención a la explotación. Desde estas tres corporaciones se desencadenó la desafección y la hostilidad una vez que se declaró el concurso de acreedores. Hay enconados contenciosos judiciales para dilucidar los saldos de sus relaciones económicas, cantidades ahora apasionadamente discutidas pero poco significativas en relación con la masa total aportada, que ronda los 20 millones de euros».

En consecuencia, es seguro concluir que las causas de la insolvencia se encuentran en una debilidad inicial de los inversores y del equipo gestor, que no gozaban de las capacidades y experiencia que impone el sector.