Seralia estudia iniciar acciones penales contra García Bayón por los impagos
La empresa concesionaria del servicio de Recogida de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria de Villaquilambre, Seralia, está estudiando la incoación de acciones penales contra el alcalde, Lázaro García Bayón, según anunció ayer a través en un comunicado en el que considera «insostenible en el tiempo» la situación generada por la gestión municipal, que supone la acumulación de una deuda que actualmente alcanza los 2.310.474 euros, equivalentes a 18 meses de servicio, «una cifra que cada mes se incrementa ante la negativa del Ayuntamiento a pagar las facturas». El departamento jurídico de la empresa estudia extender las acciones penales a la concejala de Hacienda, Milagros Gordaliza, y al interventor municipal, Gabriel Meléndez.
El comunicado añade que, paralelamente a este proceso, «se ha iniciado un procedimiento contencioso administrativo para conseguir el cobro de las facturas pendientes y de los intereses de mora, que a día de hoy ascienden a la candidad de 551.080 euros»
La empresa confirma el pago de las nóminas de los trabajadores, efectuada el pasado lunes, «pese a los reiterados incumplimientos en los compromisos de pago», una actuación que se ha llevado a cabo «después de las reuniones mantenidas entre la empresa y los representantes de los trabajadores, encabezados por el secretario provincial de USO, Antonio Nicolás, y con el fin de no perjudicar la situación económica de los empleados adscritos al servicio».
Seralia añade que el pago de las nóminas de octubre se ha realizado «a pesar de los incumplimientos de todos los compromisos adquiridos por el alcalde con la empresa y con los trabajadores». Sin embargo, la concesionaria considera el abono de los salarios «una solución temporales, ya que mientras el Ayuntamiento no cumpla con sus obligaciones contractuales la continuidad del servicio es muy dudosa» y añade que «hasta el momento, Seralia, consciente de sus obligaciones legales y sociales, ha mantenido la correcta prestación del servicio, como el pago de las nóminas a los trabajadores, para evitar perjuicios a éstos y a los vecinos del municipio», una situación que considera «insostenible en el tiempo».