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El pleno anula el decreto de Hidalgo para la ejecución del carril bici de Nava

La decisión municipal reconoce una indemnización de 29.000 euros al constructor

Los concejales de Civiqus, durante el último pleno ordinario celebrado en Villaquilambre.

Los concejales de Civiqus, durante el último pleno ordinario celebrado en Villaquilambre.

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m. rabanillo | villaquilambre
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El pleno del Ayuntamiento de Villaquilambre aprobó ayer con los votos del tripartido -UPL, PSOE y PP- la nulidad del acuerdo por el que en mayo del 2007 -bajo el mandato de iguel Hidalgo- se modificó un convenio urbanístico referente al aprovechamiento del Sector S.A.U. 4 para cambiar la obligación del constructor Lorenzo García Blanc de soterrar una línea de alta tensión en el SAU-4 de Navatejera, valorada en 84.430 euros, por la ejecución de una ciclovía en el Camino del Valle con un coste de 323.000 euros. Los concejales de Civiqus, partido que gobernaba en ese momento, votaron en contra de este punto, que encabezó el orden del día del pleno extraordinario, al que

Para apoyar la nulidad, el equipo de gobierno esgrimió un dictamen del Consejo Consultivo en el que se señala que «la sustitución de una obra por otra implica un cambio del objeto del convenio, por lo que para su modificación debería haberse seguido el mismo procedimiento que para su aprobación, es decir, una aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva, trámites que no constan en el expediente». El dictamen estipula que «las obras comenzaron sin seguir ninguno de los procedimientos legalmente establecidos, por decisión de un órgano manifiestamente incompetente y sin consignación presupuestaria, todo ello para aparentemente solucionar de forma apresurada un problema urbanístico perentorio, mediante una compensación de deudas».

En el debate del pleno, el portavoz de Civiqus, Manuel Mitadiel, reprochó al alcalde, Lázaro García Bayón, la «persecución» de la que era objeto el ex alcalde Manuel Hidalgo por parte del actual equipo de gobierno, una acusación rechazada por García Bayón quien aseguró que «no hay persecución. Hay un acto ilegal, sin proyecto, sin consignación presupuestaria y con la memoria del constructor cómo único documento».

La contratación del carril bici de Nava ya fue objeto de una instancia judicial a raiz de una denuncia presentada por el fiscal quien apreciaba un presunto delito de prevaricación en el decreto emitido por Hidalgo, diligencias que fueron archivadas la pasada primavera por el Juzgado de Instrucción número 1 de León, señalando que «no ha resultado debidamente justifi cada la perpetración del delito», y que «ni siquiera quienes se suponen expertos o al menos se han atrevido a emitir un juicio u opinión sobre la cuestión muestran criterios coincidentes».

En la moción, también se reconoce a Construcciones Lorenzo García Blanco una indemnización de 29.011,60 euros y le requiere que cumpla con lo estipulado en el convenio urbanístico, en el que se preveía el el soterramiento del tramo de líneas que sobrevuelan los sectores SAU-4 y SAU-5.

El punto del pleno que más debate generó fue el relativo al nuevo PGOU, actualmente en fase de tramitación. El pleno aprobó con los votos a favor del tripartito y en contra de Civiqus la resolución sobre varias alegaciones y la remisión de la modificación no sustancial del PGOU instada por la Junta, en el trámite de la aprobación definitiva a la Comisión Territorial de Urbanismo. Durante el debate, Mitadiel manifestó la disconformidad de su grupo con el nuevo plan, del que aseguró «está concebido para un momento de crecimiento expansivo y se prevén 15.000 nuevas viviendas, que parece más una intención que una previsión efectiva».

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Jesús García Flórez, lamentó que los ediles de Civiqus se bajen «del carro en marcha cuando estamos a punto de llegar al final» y aseguró que el PGOU pretende diseñar un modelo de «ciudad conectada lejos del concepto de ciudad dormitorio».

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