Silencio ante la urgencia de la Junta
Villanueva reclamó por escrito una reunión con Sebastián el 18 de noviembre, y le advirtió de las dificultades del director de Energía para contactar con el ministerio
Miguel Sebastián y Tomás Villanueva se saludan en una foto de archivo, tomada el año pasado.
El cruce de acusaciones entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria sobre la incomunicación que ha reinado entre ambas administraciones en las trascendentales decisiones sobre el futuro de la minería del carbón firma ahora un nuevo capítulo con documentos por medio. El pasado martes el vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, denunció la falta de respuesta del departamento que dirige Miguel Sebastián ante las continuas llamadas de la Junta para informar e informarse sobre la dramática situación a la que se veía abocada la industria minera. El miércoles el ministerio contestaba con un escueto: «Aquí no ha llamado nadie de la Junta».
Un desmentido que provoció que ayer la consejería de Villanueva diera a conocer no sólo las insistentes llamadas del director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, al director general de Política Energética y Minas del ministerio, Antonio Hernández. También accedió a dar a conocer el contenido de una carta que el propio vicepresidente envió el 18 de noviembre al ministro Sebastián, en la que no sólo le alertaba de la complicada situación que se cernía sobre el sector y le pedía su esfuerzo e intervención directa, sino que le advertía de las dificultades de los responsables de su administración para contactar con el ministerio.
En lo que se refiere a las llamadas, los días 2 y 5 de noviembre González Mantero habló con Antonio Hernández, y sus conversaciones se centraron en los trámites para que la Junta de Castilla y León se personase como parte frente a los recursos de las eléctricas que han paralizado la aplicación del real decreto de incentivos.
A partir de ahí la comunicación fue imposible: los días 12 y 16 del mes pasado el director general intentó contactar con el ministerio sin que le atendieran ni le devolvieran la llamada; y los días 18 de noviembre y 2 de diciembre sólo consiguió hablar con el secretario personal de Antonio Hernández, Sergio Blanco.
La única comunicación entre ambos responsables de Energía se produjo a última hora del pasado miércoles, cuando Hernández llamó a González Mantero para afear la denuncia pública del consejero denunciando el silencio ministerial.
De hecho, Tomás Villanueva escribió una carta el 18 de noviembre al ministro de Industria, en el que le advierte de la «grave preocupación» que produce la presentación de expedientes de regulación de empleo y la situación en la que está entrando el sector. Señala a Sebastián que sus directivos están intentando mantener «un contacto habitual con el ministerio», pero que «últimamente es complicado establecer esta comunicación».
En la carta el vicepresidente de la Junta hace referencia en primer lugar a los problemas de tesorería que genera en las empresas mineras la no aplicación del real decreto de incentivos, «una solución que hemos apoyado»; y añade: «Te solicito una reunión urgente a fin de conocer qué pasos vais a dar desde el ministerio para paliar esta gravísima situación»; además de personarse en los recursos contra las eléctricas.
Insiste Villanueva en la necesidad de dialogar con las empresas eléctricas para que retiren los recursos, y señala la conveniencia de activar de nuevo el almacenamiento estratégico de carbón de Hunosa.
Pero sobre todo el consejero de Economía advierte al ministro de la gravedad de la situación que plantea el nuevo reglamento de ayudas comunitario. «Tanto desde la patronal española como desde la alemana nos trasladan que ningún estado, tampoco España, ha llevado al Coreper la propuesta de que en la reunión se debata que las empresas mineras que pasen a ser rentables en el periodo de ayudas que fije el reglamentono tengan que devolver las subvenciones ni cerrar al finalizar dicho periodo». E insiste en que debe ser España la que lleve esta propuesta al Coreper: «No tendría sentido que las empresas deban cerrar una vez lograda la rentabilidad».