San Andrés acude a un bufete externo para afrontar las demandas judiciales
La oposición rechaza esta contratación que supone un gasto de 21.000 euros
El Ayuntamiento de San Andrés cuenta con una plantilla global de cuatrocientas personas.
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha sacado a concurso la contratación de un bufete de abogados externo por importe de 21.234 euros para hacer frente a diferentes procesos judiciales que la institución tiene abiertos.
Este contrato a despertado las críticas de los partidos de la oposición que muestran su rechazo ante lo que consideran un «despilfarro» de las arcas públicas, dado el personal jurídico que ya tiene contratado el Ayuntamiento de San Andrés.
Así, la portavoz del PP, Isabel Fernández, calificó de «vergüenza» gastar fondos públicos contratando más abogados cuando en plantilla hay un letrado asesor y un asesor de servicios municipales.
La edil popular resaltó que son muchas las sentencias condenatorias para el Ayuntamiento debido, a su juicio, «por las barbaridades» que se cometen. Aseguró que el equipo de gobierno socialista actúa «sin sentido común, carece de principios y demuestra, cada día, que el dinero de los contribuyentes no le importa». Criticó la «inseguridad» con la que los gobernantes toman las decisiones, lo que obliga a «rodearse, permanentemente, de asesores de confianza porque los informes de los funcionarios son insuficientes».
Isabel Fernández recordó el gasto de doce millones de euros que supone el pago de las nóminas de los 400 trabajadores municipales que, según señaló, no son suficientes para resolver los problemas del tercer municipio de la provincia.
Según los concejales populares, destinar fondos públicos para pagar trabajos externos, que deben ser desempeñados por funcionarios de plantilla, es, como poco, «un uso indebido de fondos públicos». Por eso, Fernández consideró que, al final, «todo se reconduce a más gasto público corriente con cargo a los impuestos que pagan los vecinos de San Andrés».
En el mismo sentido vertió su crítica el portavoz del PAL-Ul, Francisco Javier Gómez, que explicó que las arcas municipales afrontan un gasto de 211.944 euros en nóminas destinadas a funcionarios de carrera con funciones de asesoramiento legal así como en defensa ante tribunales. Denunció «la falta de sentido común» de la alcaldesa en su gestión y significó que «su enorme inseguridad» supone que las agotadas arcas municipales tengan que desembolsar miles de euros para el asesoramiento legal.