Serfunle licita la construcción del nuevo tanatorio en 825.000 euros

Las obras para la construcción del nuevo tanatorio de Villaquilambre han salido a concurso por un importe de 825.000 euros, según se recoge en la edición de ayer del BOP. Se trata de un proyecto ejecutad por Serfunle, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses y que se ubicará en una parcela cedida de forma gratuita. El Consejo de Administración de la sociedad mixta aprobó la licitación el pasado mes de noviembre para el proyecto diseñado por la arquitecta Belén Martín-Granizo.

El tanatorio, que se ubicará en una parcela de 10.000 metros cuadrados en El Carrizal de la Vega, en Navatajera, constará de tres salas de velatorio, con sus correspondientes túmulos, además de oficina, sala de tanatopraxia y servicios generales, todo ello habilitado en un edificio de una sola planta, según se recoge en el proyecto. El recinto se instalará en un suelo con calificación de rústico, pero el Ayuntamiento de Villaquilambre ya ha autorizado su utilización basándose en el interés público de las instalaciones.

La cesión del solar por parte de la Junta Vecinal de Navatejera a Serfunle no ha sido bien aceptada por la oposición. En concreto, la formación Civiqus presentó hace dos semanas una reclamación formal contra esta decisión ya que, a su juicio, se trata de una cesión gratuita del patrimonio vecinal «a una empresa con el 49 por ciento de su capital privado», según declaró el vocal del partido en la Junta Vecinal de Navatejera, Rubén Denis, quien añadió que «no es lógico que la junta vecinal regale su capital a una empresa cuyo objetivo es lucrarse, poniendo gratuitamente a su disposición los terrenos necesarios para su actividad. La empresa privada se beneficia directamente de este capital, ya que la amortización de instalaciones es uno de los elementos del precio de los servicios funerarios».

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal, Lázaro García Bayón, también alcalde de Villaquilambre, señaló que el trámite para el traspaso de los terrenos es «una cesión a una entidad pública, como es una mancomunidad cien por cien integrada por varios ayuntamientos, y en ningún caso supone la pérdida de patrimonio pues se hace respetando los aprovechamientos de la Junta Vecinal».