La Junta tendrá que pagar 300.000 euros por el alquiler del Conservatorio

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, anunció ayer en el pleno de la institución provincial que ha reclamado al consejero de Educación, Juan José Mateos, que desde el 1 de octubre la Junta «tiene que proceder al abono del alquiler» de 300.000 euros anuales del Conservatorio de León. Carrasco respondió así a una pregunta del portavoz del PSOE, Demetrio Alfonso Canedo, tras el anuncio del consejero de renunciar a la construcción de un nuevo conservatorio debido a la situación económica actual. La presidenta comunicó a los diputados provinciales que en una reunión con el consejero en enero, le trasladó «en nombre de la provincia, «que nosotros no vamos a renunciar a que haya un conservatorio en León». Recordó que en el año 2007 se hizo un traspaso «no un protocolo ni un convenio», aprobado en el pleno por unanimidad, y recogido en el pacto local. «El 1 de octubre finaliza ese plazo que se prorrogará automáticamente, salvo renuncia por alguna de las parte. Como es de suponer que el 1 de octubre no esté hecho el conservatorio, tiene que proceder al abono del alquiler, valorado por los servicios técnicos en 300.000 euros».

Carrasco insistió en que desconoce el problema que puedan tener otras instituciones, en referencia a la cesión de terrenos para el conservatorio por parte del Ayuntamiento. «Ignoro si el Ayuntamiento ha puesto o no el terreno a disposición de la Junta. El problema de otras instituciones que lo arreglen ellos».

La monotonía de un pleno de trámite se vio interrumpida por la protesta de medio centenar de trabajadores de la institución, que pretendían acceder al pleno y a los que se les negó la entrada. Los manifestantes presionaban por los nueve despidos improcedentes de los agentes de las oficinas de desarrollo rural. Los manifestantes portaron pancartas en las que se leía «Despido improcedente= desarrollo ausente. En el pleno, el portavoz socialista preguntó por la situación de los despedidos y fue el portavoz del PP, Jaime González, quien explicó que las sentencias se ha recurrido: «No es firme, está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».

El diputado de la UPL, Lázaro García Bayón, argumentó que la voluntad inicial era que esos trabajadores no fueran a la calle y pidió que «ahora que hay sentencias que declaran los despidos improcedentes, podrían ayudar a que esas personas fueran parte de la plantilla».

Estos nueve trabajadores cubrían 600 localidades de la provincia «para acercar la Administración al medio rural, evitando que una persona, por vivir en él, tuviera más trabas para acceder a ella», según Yolanda Gómez, una de las trabajadoras.