La Ley Antitabaco pone en riesgo 2.500 empleos de distribución
La actividad se ha reducido de forma «alarmante», según denuncia Adisle
Los hosteleros hicieron patente su protesta en León.
La aplicación de la Ley de Espacios Públicos Libres de Humo (Ley Antitabaco) podría generar la pérdida de al menos 2.500 empleos en la provincia de León, según denunció ayer la Asociación Provincial de Empresas de Distribución de Bebidas y Alimentación de León (Adisle). El colectivo advirtió muy seriamente de que, si el Gobierno no modifica la Ley Antitabaco, las pérdidas podrían ser irreparables para el sector y manifestaron su desacuerdo con las medidas que se han adoptado, que perjudican seriamente la persistencia del sector en los términos en los que está actualmente establecido.
La Federación Española de Hostelería ha realizado una encuesta a 1.200 empresarios del sector y estos reflejan que la pérdida de negocio durante enero de 2011 llegó a afectar un poco menos al sector de los restaurantes, marcando un 14,35%.
Para muchos sectores y el de la hostelería en especial, las pérdidas sufridas son superiores a las estimadas, contradiciendo al anuncio de la entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que había señalado que a través de esta ley se lograría elevar el negocio. A partir de esta implantación de forma más fuerte de la Ley Antitabaco los números indican fuertes pérdidas en el 85,94% de los establecimientos, y solamente un 1,49% puede decir que los ha favorecido en algo
La asociación leonesa ha destacado en un comunicado recogido por Efe que todas las empresas de distribución de la provincia leonesa han visto reducida «en porcentajes alarmantes» su actividad desde que se aplicó la norma, algo que tendrá «consecuencias inmediatas» para el empleo de varios sectores. No se trata solamente de los puestos directos que están afectados por el nuevo escenario que se dibuja, sino también de las consecuencias que de forma indirecta se sufrirán a partir de ahora, con losproblemas económicos que derivan de esta circunstancia.
Para ADISLE, el Gobierno tendría que haber optado por una aplicación «gradual, razonable y responsable» de la ley, como se hizo en 23 de los 27 estados de la Unión Europea, más teniendo en cuenta que la crisis económica ha conllevado una caída del consumo del 30%.
«Desde el respeto de los derechos de los no fumadores también queremos dejar constancia del respeto que merecen igualmente los que desean seguir fumando en condiciones dignas dentro de los establecimientos y no en el exterior de los mismos como si fueran apestados».