La Junta basa el caso de los sobresueldos en un decreto derogado hace ya diez años

Un error de gran calibre y con graves consecuencias. Así se podría definir la equivocación cometida por la consejería de Agricultura en la investigación abierta a principios de enero al diputado provincial y alcalde de Villamol, Lupicinio Rodrigo, y que dos días más tarde desembocó en 85 funcionarios más de León, de diferentes organismos y colores políticos, a los que también se les colocó en el punto de mira de la investigación. A todos ellos se les consideró culpables por recibir sobresueldos. «Pido disculpas en nombre del Gobierno de Castilla y León por el error cometido y reconozco que podríamos haber hecho mejor las cosas para que la bola no se incrementase», esa fue la reacción que transmitió a los periodistas el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia José Antonio de Santiago-Juárez.

Sin embargo, estas disculpas surgen tras la equivocación cometida por el secretario general de Agricultura, Eduardo Cabanillas, con quien este periódico ha intentado contactar pero aún no ha recibido respuesta, en relación a la reclamación emitida el 20 de enero a la Delegación Territorial para que se investigara al diputado Rodrigo. Lo que parece ser que el secretario Cabanillas desconocía era que el decreto por el que se iba a juzgar al diputado quedó anulado por una ley de rango superior dos meses más tarde y hace casi once años. Es decir, la Junta de Castilla y León emitió un decreto en octubre del año 2000 por el que un empleado público no podía recibir retribuciones por duplicidad en cargos electos de las entidades locales. Dicho decreto nunca se llegó a aplicar en ninguna de las delegaciones territoriales. Dos meses más tarde de nacer este Decreto, el 29 de diciembre de 2000 el Gobierno de la Nación emitió una ley, una norma de rango superior y por lo tanto con carácter de obligado cumplimiento, en el que quedaba anulado el mismo ya que dictaba que los empleados públicos podrían compatibilizar su trabajo, aunque sólo percibirían la retribución correspondiente a una de las dos actividades.

Santiago-Juárez consideró que «la ley es confusa porque necesita una norma de acompañamiento pero que anula de pleno derecho el decreto». «Es un decreto nulo que estaba ahí desde hace once años y que nunca se había utilizado».