Quiñones pedirá al Tribunal Superior una sala Contencioso-Administrativa
La medida pretende dotar a León del peso judicial que se merece en la autonomía
Imagen de archivo de los Juzgados de León, el día de su inauguración.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recibirá una solicitud del decano de los jueces de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones para que descentralice una de las salas de lo Contencioso-Administrativo, con el objetivo de aligerar parte de la carga de trabajo que soporta el Alto Tribunal, con sede en Burgos, que ya derivó una de las salas de esta especialidad a Valladolid.
Así lo confirmó a este periódico el decano de los jueces de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que entiende que la medida obedece a un interés que está a medio camino «entre lo político y lo judicial. No se trata tanto de una medida descentralizadora sin más, sino de hacer justicia de alguna manera y dotar a León del peso que le corresponde en la comunidad autónoma a nivel judicial. Y por otro lado, se permitiría redistribuir la carga de trabajo que se soporta desde allí, para hacer un reparto más racional y optimizar los recursos».
Para que la petición sea oficial, debe ser adoptada en Junta de Jueces, algo que de momento no se ha llevado a cabo, aunque no se descarta que se pueda llevarse a cabo ese trámite en un periodo razonablemente breve de tiempo.
Suárez-Quiñones entiende que la medida resultaría especialmente positiva también para la provincia, por cuanto permitiría mejorra las condiciones del servicio que se presta a los ciudadanos leoneses que evitarían tener que tramitar este tipo de cuestiones fuera de las fronteras de la provincia.
Expediente documental. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha autorizado recientemente un acuerdo de encomienda de gestión a la entidad Tragsatec para la implantación de un expediente documental en los juzgados y audiencias provinciales de las ciudades de León y Burgos, y en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, además de otras actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia, por valor de 13.453.811,94 euros.
El objetivo de este acuerdo es el desarrollo e implantación de un sistema que incluye la elaboración de un mapa documental y la creación del registro de entrada electrónico, que permitirá registrar información de documentos propios como de otros organismos. También se habilitará la presentación de expedientes para el orden contencioso-administrativo tanto de forma telemática como en papel.
Asimismo, se incluye la integración del portafirmas digital corporativo, de modo que los documentos que son producidos por la aplicación Minerva durante la tramitación y que deban ser firmados digitalmente por usuarios finales quedarán disponibles en la correspondiente bandeja de documentos pendientes, es decir, en dicho portafirmas según los planes previstos.