El Colegio de Médicos asume la gestión del registro de las agresiones
Castilla y León se convierte en la primera Comunidad con medidas conjuntas
Álvarez Guisasola y Díaz Villarig sellan el convenio de colaboración.
El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León constituirá el Registro de Agresiones a Facultativos (RAF) tanto en el ámbito público como en el privado, que se alimentará de los datos facilitados por las instituciones firmantes de los convenios específicos. El convenio es pionero en España y convierte a Castilla y León en la primera Comunidad en la que médicos y sanidad firmarán conveniso específicos para intentar erradicar las agresiones. El acuerdo sellado ayer por el consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola y el presidente del Consejo de Médicos, José Luis Díaz Villarig, nace para el desarrollo de actuaciones conjuntas tanto de carácter preventivo como asistencial y de asesoramiento posterior a los facultativos víctimas de las agresiones sufridas en el desarrollo de su ejercicio profesional. «Tanto la Consejería como el Colegio de Médicos tienen la obligación de defender a los ciudadanos.
23 denuncias desde León. Los médicos de la provincia leonesa sufrieron un total de 23 incidentes y otros tantos fueron los facultativos agredidos, unos altercados que alcanzaron los datos de 133 incidentes en la Comunidad y diez más en el número de médicos agredidos en un año. «Es necesario que exista una buena relación médico-enfermo que facilita la tarea y beneficia a todos», aseguró José Luis Díaz Villarig. El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, añadió que es «durante el último año se han reducido un 6% las agresiones en el ámbito público», ya que hasta ahora carecían de los datos en facultativos del ámbito privado. Las agresiones pueden ser verbales o físicas, pero sus consecuencias pueden afectar psicológicamente al profesional, condicionando su labor asistencial, por lo que a veces es necesario asistencia psicológica. El convenio contempla el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad, de manera que se conciencie a la ciudadanía de la necesidad de alcanzar una solución basada en el respeto mutuo y la confianza en el médico. Dicha campaña ha significado una inversión de 900.000 euros.
En caso de producirse la agresión, el médico puede utilizar los servicios jurídicos de los colegios de médicos o los de los seguros de defensa jurídica existentes en Sanidad.