Fomento recurre el acuerdo que paraliza la construcción del tramo de autovía León-Santas Martas

El Ministerio de Fomento ha formulado a la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León un requerimiento previo a un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado en relación a los restos de Lancia, por considerar que no se ajusta a derecho y resulta gravemente perjudicial para los intereses del Estado.

El acuerdo de Patrimonio de Castilla y León, del que el Ministerio de Fomento tuvo constancia oficial el pasado 27 de abril, supone la paralización de la construcción en la zona afectada por el yacimiento dentro del tramo de autovía León-Santas Martas y representaría un retraso en las obras de varios años, además de un evidente perjuicio económico para el Estado.

El Ministerio de Fomento ha seguido siempre las instrucciones de Patrimonio, que ahora, de forma imprevista, «ha cambiado de criterio» y ha solicitado «un nuevo proyecto». El requerimiento solicita a la comisión que anule el acuerdo dejándolo sin efecto y declare suficiente el informe técnico de excavación arqueológica preventiva en extensión en Lancia o, subsidiariamente, concrete en qué debe completarse dicho informe y especifique las medidas correctoras, su objeto y su extensión física y temporal, así como el objeto y finalidad del proyecto específico que se menciona.

El documento, enviado por la Demarcación de Carreteras a la comisión el pasado 26 de mayo, enumera todos los pasos administrativos que ha seguido la planificación y construcción de esta infraestructura y las medidas de protección de los restos de Lancia que se han tomado siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades competentes en patrimonio.

El documento recuerda que la obra se inició tomando como base el acuerdo de patrimonio de 8 de febrero de 2008, que «acuerda expresamente informar favorablemente las obras de construcción en el ámbito de delimitación de la Zona Arqueológica de Lancia».

El texto reitera que «las condiciones impuestas en el acuerdo de autorización han sido escrupulosamente acatadas por la Demarcación de Carreteras». Además, informa de que el Ministerio de Fomento ha destinado ya 1,7 millones de euros a los trabajos arqueológicos que han sido indicados por las autoridades competentes, cuando el presupuesto inicial para estas actuaciones era de 46.631,4 euros.

El texto se refiere además al cambio de criterio de Patrimonio. «Se requirió una intervención arqueológica dirigida a obtener medidas de protección y, finalmente, se solicitan nuevas medidas correctoras de tal envergadura que son incompatibles con la obra ya autorizada […]. De forma absolutamente imprevista, se solicita un nuevo proyecto específico que además deberá ser sometido a nueva autorización».

Además, el documento constata que «la nula motivación de la resolución no permite conocer cuáles y por qué los elementos arqueológicos hallados durante la construcción son de tal interés que no son suficientes las medidas de protección propuestas […], cuando, por otra parte, se da una sensible coincidencia entre las nociones de los posibles hallazgos que se tenían antes de iniciar la obra y lo que finalmente se ha encontrado en las extensas y significativas excavaciones realizadas».

Posteriormente, el documento detalla los sobrecostes que supondría para el Estado atender al acuerdo de Patrimonio y recuerda que «la autovía no es una obra en fase de proyecto, es una obra pública en fase de ejecución; siendo así que tal ejecución se inició una vez obtenida la autorización de las autoridades competentes en materia de Patrimonio, por lo que éstas habrán de admitir su grado de responsabilidad en la paralización de las obras y su aportación económica para la ejecución de una intervención arqueológica completa».

Retraso de las obras. «La adopción de nuevas medidas correctoras no contempladas en el proyecto vigente supone una paralización de las obras e implica un incremento de costes de construcción, no sólo derivados del coste de esas nuevas medidas correctoras, sino también de la necesidad de establecer una nueva planificación para el resto de la obra», continúa el texto.

En cuanto al retraso que supondría una posible modificación del trazado, si es que éste fuera técnica y económicamente posible, el documento recuerda que se requeriría «la iniciación de un nuevo expediente de información pública y de un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuya tramitación supone importantes plazos que pudieran hacer necesaria, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión y/o rescisión del contrato de obras de esta infraestructura de interés general».

Por último, la Demarcación solicitó a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, a efectos probatorios, el expediente completo, los acuerdos de las ponencias técnicas y los informes de los servicios de arqueología sobre esta cuestión.