La Junta aplicará un protocolo de actuación para el uso de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario
La administración sanitaria informa de que se hará llegar este protocolo, entre otros, a las diputaciones de la Comunidad y a la Federación Regional de Municipios y Provincias
La Consejería de Sanidad de la Junta ha confirmado al Procurador del Común, Javier Amoedo, la puesta en marcha de un protocolo de actuación para el cumplimiento de las normas reguladoras para el uso de desfibriladores externos. Así será después de que la Procuraduría elevara de oficio una resolución a la Administración autonómica ante la ausencia de una normativa común de actuación para su uso fuera del ámbito sanitario, que diera cobertura a situaciones de emergencia que requieran una resucitación cardiopulmonar para aquellas personas que sufran una parada cardiaca.
La propia administración sanitaria ha trasladado al Procurador del Común que este protocolo será remitido a las diputaciones provinciales de la Comunidad y a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para que den traslado a las administraciones locales, de las que dependen un importante número de instalaciones deportivas, de ocio y tiempo libre, en las que se produce una importante afluencia y tránsito de personas, además de a las confederaciones de empresarios de Castilla y León y al Consejo Regional de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria.
Entre los requisitos que incluye la norma en Castilla y León está el de no autorizar la instalación de un desfibrilador externo semiautomático (DESA) si la entidad que lo solicita no dispone de personas formadas y autorizadas para su uso. Por ello se establecen una serie de recomendaciones a las entidades u organismos que instalen un equipo DESA, para su uso por personal no sanitario, como son el de estar ubicados en espacio visible y señalizado, tener identificada la marca, modelo y número de serie, disponer de personal autorizado y presentar la declaración responsable de instalación.
Igualmente se contempla un procedimiento para que las entidades o empresas interesadas puedan impartir formación para la utilización de desfibriladores, de acuerdo a unos requisitos mínimos que establece la propia Consejería de Sanidad.