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manuel c. cachafeiro | león
León

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La secretaria autonómica de la Federación de Servicios Públicos, Carmen Ámez, denunció ayer que los recortes del Gobierno de Rajoy van a conllevar que más de 700 trabajadores eventuales en la Administración «se vayan a la calle» en la provincia de León.

Ámez fue especialmente crítica con la Junta «por su falta de respeto» a los funcionarios públicos y amenazó, de forma velada, con medidas como dejar de consumir. «Hay que tener en cuenta que los recortes los van a sufrir más de 90.000 familias», señaló.

UGT se siente engañada por las medidas de congelación salarial y aumento de la jornada laboral porque, según la secretaria autonómica de FSP, «no van a ayudar a salir de la crisis».

Ámez no descartó movilizaciones, aunque de momento sólo se convocarán asambleas en los lugares de trabajo.

En este sentido, el líder provincial, Nicolás Sanz, recordó que las mutuas sólo se dedican a controlar las bajas de los peones «mientras el ex secretario territorial se paseaba delante de la Junta». «La solar debe ser una enfermedad de ex altos cargos», ironizó.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido una reunión de la Diputación Permanente de las Cortes para estudiar la convocatoria de un pleno extraordinario para que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, explique las medidas aprobadas por su Gobierno la pasada semana, así como las medidas emprendidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según informó el secretario autonómico de Organización, Pedro Muñoz.

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En Valladolid, el secretario general de CCOO en Castilla y León, Ángel Hernández, demandó ayer a la Junta que recupere el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que permitiría a la Comunidad recaudar 100 millones de euros para «reforzar» las arcas autonómicas. Hernández también criticó las decisiones fiscales adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que carga la subida de la recaudación en el IRPF, más de 4.000 millones, frente a las empresas y el capital.