«Personalmente, no creo que haya que traspasar justicia»

El juez decano de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dejó ayer tres grandes mensajes en su paso por el programa ‘El Filandón’ que organizan conjuntamente el Diario de León y Televisión de León. El primero, la necesidad de seguir adelante con la Oficina Judicial pese a todos los problemas que ha generado su puesta en marcha en León, porque es clave en la modernización de una estructura como muchas reglas centenarias.

El segundo, sus dudas sobre la propuesta del nuevo secretario de Estado de Justicia de habilitar el mes de agosto, porque en algún momento la administración tiene que descansar. Y el tercero, su oposición personal al traspaso de las competencias de Justicia a comunidades como Castilla y León, y más en este momento, porque en su opinión no mejorará la gestión del día a día para el ciudadanos.

Sobre la Oficina Judicial, de la que León está siendo pionera en su implantación a nivel nacional, Suárez-Quiñones calificó como «muy notable» todo el proceso, pese a las críticas que ha generado, porque el gran cambio no se notará para el ciudadano hasta que no se complete la digitalización de expedientes. «Es un proceso que necesita ir ajustándose porque no es fácil. Tiene dos grandes pilares. Por un lado, modificar la estructura organizativa y, por otro, digitalizar los expedientes. La transformación es muy importante porque afecta, sólo en León, a 300 trabajadores», explicó.

Ese cambio, en su opinión, no es fácil, pero se está haciendo. «Creo que está existiendo un gran esfuerzo por parte de jueces, trabajadores, abogados...». En su opinión, en León las cosas han salido mejor que en otras ciudades como Burgos o Murcia. «El gran cambio será la digitalización de los expedientes. La pregunta es qué expedientes se tienen que digitalizar». Además de León y otras ciudades pequeñas, el Ministerio ya ha puesto en marcha una iniciativa pionera en la Audiencia Nacional. Esa modernización informática traerá aparejados en el futuro otros cambios, ya que la creación de nuevos juzgados será menos costosa. De todas formas, según explicó, hay ya algunas actuaciones que se llevan a cabo por correo eléctronico, como la comunicación de fallos judiciales.

Sobre la propuesta de abrir en agosto, que ha realizado el nuevo equipo ministerial encabezado por Alberto Ruiz Gallardón, Suárez-Quiñones explicó que los juzgados siguen funcionando el mes veraniego por autonomasia, si bien bajan los juicios no sólo por las vacaciones de los profesionales de la Justicia sino también porque es más difícil localizar a testigos y otro tipo de diligencias. «No me parece una medida relevante. Siempre está bien debatir. No me parece mal en ese sentido si el objetivo final es un mejor funcionamiento», señaló el juez decano.

Sin embargo, de llevarse a cabo esa medida, en su opinión, sería necesario habilitar otros periodos vacacionales.

En cuanto a los recortes, Suárez-Quiñones ve con preocupación su aplicación en el ámbito de la Justicia, «sobre todo porque el déficit histórico que padece no se ha paliado en los años de bonanza que hemos tenido». En su opinión, España tiene un gran déficit de jueces ya que la media son 10 por cada 100.000 habitantes cuando debería duplicarse esa cifra. «Hay una sobrecarga de trabajo que se combate con el trabajo extra. A mi me gustaría dejar de ver a los jueces saliendo con trabajo para casa», señaló. Y es que, según explicó, esa falta de nuevos profesionales se está paliando con más esfuerzo por parte de su colectivo ya que el número de casos en los juzgados no se ha reducido. Todo lo contrario, se ha incrementado. Aunque en estos últimos siete años en León se han creado en León cuatro nuevos juzgados, aún sería necesario ampliar esa cifra con algunos más, como uno exclusivo de violencia de género, otro de lo social y otro de lo penal. «Aunque creo que no va a poder ser debido a la crisis», lamentó.

Suárez Quiñones defendió también que la Justicia dependa del Estado, como el Ejército, la Policía o la Guardia Civil. En este caso, matizó que su respuesta era a título personal, aunque cree que muchos jueces están de acuerdo con él. El traspaso a las comunidades autónomas fue más una compensación por haberse hecho a Cataluña o País Vasco que una verdadera necesidad ya que sólo se pretendía una gestión económica. «Su aplicación ha sido bastante desigual dependiendo de los distintos territorios. Es como si los carros de combate para el Ejército los comprara la comunidad autónoma. Me parecería bien si se garantizase que es para bien, pero los resultados nos indican que no está siendo así».

Sobre qué piensan los leoneses de la Justicia, admitió que hay muchos tópicos, como que la Justicia es para los ricos, en su opinión motivados por el efecto que tienen los grandes casos en los medios de comunicación. «Curiosamente, las personas que pasan por la administración de justicia tienen una opinión mejor que los que no pasan», explicó. En su opinión, hay que diferenciar el 99% de los casos, que no son mediáticos y que son «la Justicia real», de los juicios paralelos que muchas veces se establecen en los medios de comunicación y los programas de televisión. «La Justicia trata a todos los ciudadanos por igual. En el caso de Urdangarain, si ha sido imputado es para que no exista una merma de la presunción de inocencia», explicó, pese a la mala fama que tiene el término imputar.

Sobre las penas, cree que se deberían elevar en algunos casos económicos porque son bajas o prescriben.