Las conexiones con la autovía del Duero también están a la espera

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León

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Finalmente, todavía son proyectos sobre el papel los cuatro tramos de la A-15 que discurren entre Los Rábanos y el límite de la provincia de Zaragoza. Su construcción permitirá la conexión con los corredores del Ebro, entre ellos, la autopista (AP-15) de Tudela a Irurzun y la AP-68 (Autopista Dos Mares). Se trata de 67,9 kilómetros que enlazarán con la Autovía del Duero (A-11), siguiendo el trazado marcado por la N-122. Su construcción exigirá de una inversión de 317,3 millones.

El Ministerio encargó en agosto de 2008 por 1,5 millones la redacción del proyecto del tramo Villar del Campo-Ágreda (18,7 kilómetros y 99,25 millones), sin que todavía se haya aprobado, pese a que el plazo de ejecución era de 12 meses.

En mayo de 2010 se aprobó el proyecto del tramo Los Rábanos-Fuensaúco de 17,5 kilómetros, lo que deja abierta la puerta de la licitación de estas obras, presupuestadas en 106,1 millones. En 2011, Fomento adjudicó la redacción de los proyectos de otros dos tramos: Fuensaúco-Villar de Campo (15,8 kilómetros y 52 millones) y Ágreda-Zaragoza (16,5 kilómetros y 60 millones). De forma paralela, el Partido Socialista denunció ayer el «engaño» y la «traición del Partido Popular» por la «decisión del Gobierno de España de retrasar» la ejecución del tramo que falta para completar la Autovía de la Plata, concretamente, el que unirá Benavente (Zamora) con la capital zamorana. «Es la mayor hipocresía política de los últimos años en la provincia», sentenció el procurador socialista por Zamora en las Cortes de Castilla y León José Ignacio Martín Benito, en alusión a las palabras pronunciadas al respecto anteayer en Zamora por el nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz. «Dijo que la autovía de Benavente a Zamora tendrá que esperar a que la situación económica sea factible, lo que pone de relieve y sin tapujos el engaño del PP a los zamoranos», añadió.

Martín Benito, acusó al PP de «negarse» a adjudicar una obra obra licitada en el Boletín Oficial del Estado y de posponerla «sine die».

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