El Poder Judicial propone que sólo haya juzgados en León y Ponferrada
Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún pasarían a la capital y Villablino al Bierzo.
Los justiciables de Cistierna tendrán que desplazarse a León si se aprueba esta modificación.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó en el Pleno de ayer un documento que contiene los principios y criterios básicos para nueva demarcación judicial. De acuerdo al contenido del estudio aprobado inicialmente, la provincia de León pasaría de tener siete partidos judiciales a tan solo dos, por lo que desaparecerían los juzgados de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún (que pasarían a depender de León) y el de Villablino (que se adscribiría a la demarcación de Ponferrada).
Del documento se dará traslado al Ministerio de Justicia. El nuevo mapa judicial resultante de la aplicación de esos criterios no ha sido aprobado, y será abordado por la institución en una reunión plenaria extraordinaria convocada para el próximo 3 de mayo.
El presidente de la Audiencia Provincial de León, Manuel García Prada, reconoció haber tenido conocimiento de la complicada situación que se dibuja sobre el panorama judicial leonés de adoptarse esta determinación. «Sabemos que el Ministerio de Justicia está analizando también este asunto, lo que no acabamos de entender es por qué el Ministerio actúa por un lado y el Consejo General por otro, cuando lo suyo sería que las conclusiones se extraigan de una forma conjunta», explicó en manifestaciones a este periódico. No obstante, las intenciones del Gobierno persiguen objetivos similares y todo hace pensar que la reducción de partidos judiciales será un hecho.
El CGPJ entiende que la atención y la proximidad de la Justicia al ciudadano «no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y servicios». Igualmente «el desplazamiento del ciudadano al juzgado y su presencia en las oficinas judiciales ha de reducirse a los supuestos estrictamente necesarios gracias a la comunicación telemática y el uso de las nuevas tecnologías». En el caso de León, la aplicación de la Nueva Oficina Judicial y la utilización de Lexnet, no hacen sino confirmar que los planes del Gobierno pueden tener una puesta en marcha más inmediata, aunque en el aire quedan un buen número de interrogantes por despejar.