La fiscalía investiga ya las prejubilaciones y los sueldos de los altos directivos de la Caja
Martín-Granizo da un plazo de un año como mínimo antes de que el tema pueda llegar a los juzgados.
Evaristo del Canto y Francisco Fernández, en una imagen de archivo en una asamblea.
Manuel Martín-Granizo, Fiscal Superior de Castilla y León, anunció ayer que los fiscales jefes de las provincias de León, Soria y Segovia han abierto una investigación en torno a los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos concedidos a los directivos de las cajas de estas provincias. En el caso de León, Martín-Granizo reconoció que existe una denuncia relacionada con la cantidad recibida por el anterior alcalde, Francisco Fernández, que percibió 554.000 euros en concepto de prejubilación como empleado de la Caja.
Se trata de investigar si, como denuncia Izquierda Unida el pasado mes de noviembre ante el Fiscal Superior, diferentes consejeros de Caja España-Duero y otras entidades han intervenido de forma decisiva en sus consejos de administración para conseguir créditos en condiciones especialmente ventajosas o condiciones de prejubilación que han podido resultar especialmente beneficiosas o perjudiciales para terceros, como se denunció en su día con el anterior alcalde de León, empleado de Caja España-Duero en excedencia.
Pese a los múltiples intentos llevados a cabo en la jornada de ayer, este periódico no pudo recabar la opinión del Fiscal Jefe de León, Emilio Fernández. «En Segovia, esa misma denuncia había sido objeto de otra investigación y está ya en el Juzgado», dijo, y agregó que «en León también había otra denuncia en la Fiscalía en relación con el alcalde y se está investigando», según manifestó Martín-Granizo en declaraciones a la agencia Ical .
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dio instrucciones al Fiscal Superior de Castilla y León para que sea cada Fiscalía Provincial de esta autonomía la que abra unas diligencias de investigación sobre los sueldos de estos directivos de las entidades de ahorro.
Se trata de la orden que la Fiscalía General dio a Manuel Martín-Granizo, que preguntaba a quién correspondía investigar los hechos que denuncia el coordinador de Izquierda Unida (IU) en Castilla y León y procurador del Grupo Parlamentario Mixto, José María González Suárez, sobre las presuntas prácticas delictivas de los ejecutivos de estas entidades de ahorro al existir otras denuncias similares en otras autonomías.