Más de 5.000 personas protestan en León contra un «recorte brutal» en sanidad y educación

La lluvia, que cayó casi desde el principio de la manifestación, no impidió que más de 5.000 leoneses -según los convocantes, 3.500 según la Policía- salieran esta mañana a las calles de la ciudad para mostrar su rechazo a un recorte «brutal» en sanidad y educación y que «mina las posibilidades de crecimiento futuro», según indicaron la portavoz de la Plataforma Social en Defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos, Carmen Llamas, y el secretario provincial de UGT León, Arturo Fernández.

La marcha, en la que pancartas y paraguas se disputaron el protagonismo, partió de la glorieta de Guzmán para atravesar la Avenida República Argentina, la calle Santa Nonia, la Plaza de Santo Domingo y Gran Vía de San Marcos para finalizar en la Plaza de la Inmaculada. Allí, la periodista Esther Bajo fue la encargada de leer un manifiesto ante los participantes.

En su discurso, Bajo defendió la importancia del estado del bienestar, basado en la existencia de «unos servicios públicos de calidad, universales y accesibles», que sirvan para atender «con eficacia» las necesidades de la ciudadanía y que, además, se asienten sobre «el principio de igualdad». Así, subrayó que «el gasto social» destinado a estos servicios constituye «la mejor inversión que los gobiernos pueden hacer para favorecer la salida de la crisis».

Por eso, lamentó que con los recortes del Gobierno en esta materia y con la «reducción de las prestaciones», lo único que se conseguirá será «el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la destrucción de empleo público». Un resultado al que consideró que llevará el «recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y educación aprobado por el Consejo de Ministros».

En el manifiesto Bajo destacó también que «las políticas de ajuste reducen las inversiones públicas y ocasionan un grave deterioro de los servicios públicos básicos», con las consecuencias que esto conlleva en «la calidad de vida de la ciudadanía» y «muy especialmente en la de las mujeres y los sectores más vulnerables de la sociedad». Del mismo modo, señaló que «agudizan el retroceso social, obstaculizan la recuperación económica y la generación de empleo en España».

Así, aseguró que desde la Plataforma Social en Defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos, compuesta por más de 55 asociaciones, están dispuestos a «defender el presente y el futuro del estado del bienestar» y exigen al Gobierno «que rectifique esta política», «acepte otras opciones más justas y equitativas para superar la crisis» y «deje de gobernar con imposiciones» para «escuchar a la ciudadanía».